El exasesor del Ministerio, Koldo García, ha solicitado que el juicio relacionado con presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia no se realice en el Tribunal Supremo. Esta petición surge tras la reciente renuncia del exministro José Luis Ábalos a su acta de diputado, lo que ha llevado a la pérdida de su condición de aforado.

La abogada de Koldo ha presentado este requerimiento en un escrito dirigido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, se pide que se declare la falta de competencia del tribunal para llevar a cabo el juicio, sugiriendo que el caso debería ser trasladado a la Audiencia Nacional. La letrada ha solicitado que esta cuestión se resuelva en la audiencia preliminar programada para este jueves, antes de considerar otros argumentos.

García argumenta que, si el Tribunal Supremo acepta esta cuestión de competencia, otros temas preliminares deben ser analizados y resueltos por el tribunal que finalmente se encargue del caso. Además, rechaza la idea de que Ábalos haya renunciado a su cargo con la intención de elegir un tribunal a su favor, afirmando que esta decisión no debe ser vista como una táctica para influir en el proceso judicial.

La defensa recuerda que la renuncia a la condición de diputado es un derecho del exministro. Por lo tanto, si Ábalos opta por renunciar a su privilegio de ser juzgado por el Supremo para obtener una doble instancia real, no debería haber impedimentos para llevar a cabo esta opción.

Es importante mencionar que el Tribunal Supremo tiene la autoridad para juzgar a Ábalos, Koldo y al empresario Víctor de Aldama por su implicación en la compra de mascarillas. En una resolución de 2014, el Supremo estableció que en los casos que involucran a aforados, la decisión de abrir juicio oral determina de forma definitiva la competencia del tribunal, independientemente de una posible pérdida de condición de aforado posterior.

La defensa de Koldo argumenta que el criterio sobre la apertura del juicio oral puede resultar arbitrario, ya que el proceso penal debe considerarse como una unidad. Además, sostiene que si un diputado pierde su condición antes de que comience el juicio propiamente dicho, no hay justificación procesal para mantener la causa en el Tribunal Supremo.

La abogada Leticia de la Hoz también ha señalado la existencia de "indefensión material" ya que no se ha podido acceder a ciertas pruebas que están bajo la custodia de la Guardia Civil y que no están disponibles para el tribunal que juzgará el caso.

El jueves se celebrará la audiencia preliminar del juicio, a la que están convocados Ábalos, Koldo y Aldama. Este es un primer paso en el proceso legal previsto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige la presencia de los acusados y sus defensores.

Ábalos y Koldo, que han estado en prisión provisional desde el 27 de noviembre, están obligados a asistir a esta sesión. Deberán ser trasladados desde la prisión de Soto del Real en Madrid, aunque sus abogados serán los principales intervinientes, defendiendo su inocencia y reclamando su libertad.

El Tribunal Supremo ha comunicado su decisión de no aceptar las solicitudes presentadas por ambos, quienes invocaron razones médicas para poder asistir a la audiencia por videoconferencia desde la prisión.