En Madrid, el 4 de junio, la Audiencia Nacional ha dado un nuevo giro en la investigación sobre el supuesto espionaje no autorizado que afectó a Podemos. El juez Santiago Pedraz ha decidido citar a un agente de la Policía Nacional como investigado, quien había estado buscando información sobre el exlíder del partido, Pablo Iglesias, tras rumores que implicaban a un exdirigente en un caso de narcotráfico.

El magistrado accedió a la solicitud de la Fiscalía y ha programado la declaración del inspector para el 3 de julio a las 10:15. Se espera que el agente explique si su indagación sobre Iglesias estaba justificada, considerando que la única base fue la pesquisa sobre otro miembro del mismo partido vinculado a la venta de sustancias ilegales.

El ex eurodiputado Miguel Urbán es el individuo mencionado en la comunicación de la Fiscalía. En su documento, el Ministerio Público subraya que el policía deberá ser asistido por un abogado durante su declaración para salvaguardar sus derechos.

Este desarrollo se produce el mismo día en que el juez ha tomado declaración al exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas, como testigo. La declaración del inspector Bonifacio Díez Sevillano, que estaba programada para este viernes, se ha retrasado y se ha fijado para el 30 de junio.

La querella presentada hace más de un año por Podemos denunciaba varios delitos, incluyendo organización criminal y revelación de secretos. Aunque el juez desechó las acusaciones de malversación y delitos contra las instituciones del Estado, sí admitió la investigación por otros delitos más graves.

En su escrito, Podemos alegó que los querellados, supuestamente bajo la dirección del entonces secretario de Estado de Seguridad, estaban llevando a cabo indagaciones sin justificación legal, actuando fuera del control judicial o del Ministerio Público en relación con la formación política.

La denuncia también señala que Martínez, uno de los implicados, informaba periódicamente al exministro Fernández Díaz y que aprovechaba su estatus de autoridad pública, colaborando con otros agentes policiales.

Según Podemos, la premisa de estas acciones era filtrar información a los medios de comunicación, haciéndola parecer confiable al provenir de "fuentes policiales", con el fin de desacreditar a la organización ante la opinión pública y atentar contra la integridad de sus representantes y funcionarios.

La querella destaca que esta estrategia se materializó en ocho ocasiones, incluyendo la indagación del informe PISA sobre Pablo Iglesias y la filtración de documentos falsos relacionados con cuentas en el Euro Pacific Bank Limited, así como la alteración de registros internos para dar una falsa impresión de legalidad a las acciones de los acusados.