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La Audiencia de Madrid anula la solicitud de Peinado para que la UCO investigue los correos de Begoña Gómez.

La Audiencia de Madrid anula la solicitud de Peinado para que la UCO investigue los correos de Begoña Gómez.

En una reciente decisión, la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado sin efecto la orden emitida por el juez Juan Carlos Peinado, que solicitaba al Gobierno español la entrega de los correos electrónicos de Begoña Gómez, conyugue del presidente Pedro Sánchez, y la posterior revisión de estos por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Según un auto consultado por Europa Press, los jueces han acogido favorablemente los recursos interpuestos tanto por la Fiscalía como por la defensa de Gómez, lo que resulta en la anulación parcial de la solicitud inicial del juez Peinado.

Los magistrados han decidido anular específicamente la parte de la orden que requería a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno la entrega de correos electrónicos de Gómez, enviados y recibidos desde una cuenta oficial a partir de julio de 2018, así como la decisión de remitir esta información a la UCO para su análisis.

El argumento de los jueces para esta revocación se centra en la necesidad de realizar una resolución más fundamentada y adecuada, asegurando que el proceso judicial siga los lineamientos correctos.

Es importante mencionar que el juez Peinado había solicitado al Ejecutivo que aclarara si Begoña Gómez poseía alguna dirección de correo electrónico oficial, en respuesta a una petición de las acusaciones populares que consideraban relevante conocer la existencia de cualquier correo que pudiera ser utilizado por la investigada.

En el contexto de esta investigación, Peinado recibió en una memoria USB una serie de documentos que incluyen correos electrónicos enviados y recibidos desde la cuenta corporativa asignada a Gómez, abarcando desde el 18 de julio de 2018 hasta el 23 de septiembre de 2025.

El juez ha planteado serias acusaciones contra Begoña Gómez, incluyendo delitos como malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, lo que ha generado un amplio debate en la opinión pública sobre la transparencia y la legalidad en las acciones del entorno gubernamental.