La Audiencia Nacional ha decidido absolver al comisario retirado José Manuel Villarejo, a su socio Rafael Redondo y al empresario Javier López Madrid, en relación con un caso donde se alegaba que Villarejo fue contratado para hostigar a la dermatóloga Elisa Pinto.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal determinó que no se ha demostrado que Villarejo o su empresa, CENYT, recibieran ningún tipo de pago de López Madrid por el presunto encargo.

El fallo destaca que existía un fuerte conflicto personal entre la doctora Pinto y el empresario, que había dado lugar a denuncias por ambas partes. Se verificó que el 10 de diciembre de 2013, López Madrid y Redondo se presentaron en la consulta de Pinto en Madrid a instancias de Villarejo.

Durante esta visita, López Madrid, acompañado de Redondo, se dirigió a la doctora pidiéndole que cesara las llamadas telefónicas que le estaría realizando, sugiriendo que, de continuar, la Policía podría interceder. López Madrid llegó a afirmar que tenía en su poder evidencia de las llamadas que atribuía a Pinto y que estas estaban en manos de las autoridades.

Sin embargo, tanto el tribunal como la Fiscalía no encontraron pruebas de los supuestos pagos que habría recibido Villarejo, por lo que la abogada de Pinto había solicitado una pena de entre cuatro y seis años de prisión para los acusados. La Fiscalía, en su informe final, también solicitó la absolución, coincidiendo con el tribunal al no hallar pruebas concluyentes del pago mencionado.

Esta decisión se suma a otras cuatro absoluciones previas para Villarejo en los últimos meses, incluida una apenas hace una semana relacionada con otro caso donde se insinuaba un pago de 400,000 euros por un encargo similar.

Por otra parte, la abogada de Pinto resaltó que el empresario había estado en múltiples ocasiones en las oficinas de CENYT, y describió el encuentro de diciembre de 2013 como un acto de hostigamiento, enfatizando que causó preocupación y temor en la doctora, ya que en aquel momento no había denuncias en su contra.

El tribunal también recordó que en este proceso no se abordaron hechos vinculados a supuestos delitos de amenazas y coacciones, los cuales están bajo la jurisdicción del Juzgado de lo Penal 10 de Madrid.

Se había previsto que el juicio relacionado comenzara el 2 de febrero, pero fue pospuesto debido al cambio de la juez asignada, quien debe familiarizarse con el caso antes de cotejarlo judicialmente.