La Audiencia Nacional ha decidido mantener a Óscar Sánchez Gil, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en prisión preventiva, tras su arresto por narcotráfico y el descubrimiento de casi 20 millones de euros en su hogar. Esta medida refuerza las sospechas sobre su implicación en actividades delictivas de alto calibre.

La Sección Tercera del tribunal ha ratificado la decisión de encarcelamiento del magistrado, enjuiciando a Sánchez por delitos graves, incluidos el tráfico de drogas, la organización criminal y el blanqueo de capitales, además de cohecho activo, creando una situación legal sumamente complicada que involucra a un miembro de la policía.

La defensa de Sánchez ha interpuesto un recurso señalando que no se le había permitido el acceso a información fundamental del caso, un argumento similar al utilizado por otro investigado, Ignacio Torán, quien fue liberado por esta misma causa. Este polémico planteamiento parece centrarse en el derecho de defensa y la equidad en el proceso judicial.

No obstante, la sala ha aclarado que el recurso presentado por Sánchez se refería a la confirmación de su prisión, y no al auto original que ordenó su ingreso. Además, argumenta que desde el levantamiento del secreto de las actuaciones, el acusado debería haber tenido acceso suficiente para conocer los términos de su situación y preparar su defensa.

Los magistrados destacan que, tras este acceso, no se puede alegar una violación del derecho a un juicio justo ni tampoco compararse su situación con la de otros investigados. Resultados claros de la investigación apuntan hacia la posible participación de Sánchez en actividades ilegales, sustentadas por los evidentes pagos que recibió a cambio de los servicios prestados durante su mandato.

Este caso se agrava aún más con la confirmación de la hallazgo de grandes sumas de dinero en efectivo en su residencia, halladas en espacios ocultos de difícil acceso, lo que refuerza la acusación de que provienen de actividades ilegales. La cantidad total encontrada en una segunda vivienda fue de 448.110 euros, mientras que en su oficina ascendieron a 896.400 euros.

La Sala, en su resolución, sostiene que el motivo de mantener a Sánchez en prisión es la gravedad de los delitos que se le imputan, en un contexto donde los montos involucrados no se justifican a través de su salario como funcionario. Se percibe un claro riesgo de que podría eludir la justicia, dada su presunta vinculación con una organización criminal y los mecanismos de ocultación que se han descubierto.

Finalmente, el tribunal concluye que, a pesar de su arraigo familiar, este podría no ser suficiente para disuadir a Sánchez de intentar escapar o evitar el peso de una condena ante la gravedad de las imputaciones que enfrenta, un hecho que plantea serias cuestiones sobre la integridad en las fuerzas del orden y la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas.