En un contexto internacional marcado por la tensión y los conflictos bélicos, la Casa Blanca ha manifestado su descontento frente a la reciente decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI), que ha emitido órdenes de arresto contra elevados funcionarios del gobierno israelí, entre ellos el primer ministro Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. Estas órdenes se relacionan con acusaciones de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos en el marco de la ofensiva militar desatada en Gaza hace más de un año.

Durante una conferencia de prensa celebrada este jueves, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, subrayó el firme rechazo del gobierno estadounidense a las acciones del TPI, expresando su profunda preocupación por las acciones del fiscal del tribunal y señalando que existen "errores inquietantes" en el proceso judicial. Este pronunciamiento pone de relieve la postura defensiva adoptada por Washington en este delicado escenario internacional.

Jean-Pierre también enfatizó que el TPI "no tiene jurisdicción" sobre la campaña militar desarrollada por Israel en Gaza, lo que subraya un argumento comúnmente usado por las autoridades israelíes para cuestionar la legitimidad de la corte. "Estamos en consulta con nuestros socios, incluidos Israel, respecto a nuestros próximos pasos", agregó, evidenciando la voluntad de Estados Unidos de mantener una estrategia coordinada entre sus aliados y seguir apoyando a Tel Aviv en este contexto.

Es importante recordar que Israel no es firmante del Estatuto de Roma, por lo que no reconoce la jurisdicción del TPI, en contraste con Palestina, que ha sido miembro desde 2015. Estados Unidos, por su parte, también se ha mantenido al margen de la corte, lo que refuerza la complicada dinámica de la justicia internacional en el caso de conflictos armados en la región.

La corte con sede en La Haya ha desestimado los recursos presentados por el gobierno israelí y ha afirmado que sí tiene competencia en este asunto, argumentando que existen evidencias que apuntan a que tanto Netanyahu como Gallant han actuado con la intención de privar a la población de Gaza de recursos esenciales para su supervivencia. Además, la corte indica que se ha impedido la entrada de ayuda humanitaria, lo que agrava aún más la crisis humanitaria en el territorio.

Los jueces del TPI han sugerido que Netanyahu y Gallant podrían ser considerados "penalmente responsables" por usar el hambre como método de guerra, así como por llevar a cabo asesinatos y otros actos inhumanos que caen bajo la clasificación de crímenes de lesa humanidad. Se les acusa de que, bajo su mando, se habrían realizado ataques indiscriminados que han afectado a la población civil, lo que intensifica las preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto.

En el marco de estas sus decisiones, el TPI también ha solicitado la detención de Mohamed Diab al Masri, líder del ala militar de Hamás, conocido popularmente como 'Abú Deif'. La situación es aún más delicada debido a la reciente muerte de otros líderes del grupo islamista, señalados previamente por la corte, lo que resalta la volatilidad del conflicto y las repercusiones que estas decisiones pueden tener en las dinámicas de poder en la región. Israel, por su parte, ha dado por fallecido a al Masri, aunque Hamás no ha corroborado esta información oficialmente, continuando así un ciclo de incertidumbre que envuelve a la situación en Gaza.