Un incidente reciente ha llamado la atención en el ámbito de la geopolítica marítima, ya que un petrolero fue asaltado cerca de las costas de Venezuela, pero no está incluido en la lista de embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Casa Blanca afirmó este domingo que la intervención llevada a cabo por la Guardia Costera estadounidense en el petrolero 'Centuries' se realizó dentro del marco legal, a pesar de que no aparece en el inventario de barcos sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Anna Kelly, portavoz adjunta de la Casa Blanca, sostuvo que el 'Centuries', que transportaba crudo de PDVSA, estaba implicado en actividades ilícitas y operaba bajo una falsa bandera, supuestamente como parte de una red clandestina venezolana destinada a mover petróleo robado y financiar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, señalado como un régimen narcoterrorista.

El mensaje difundido por Kelly en la red social X buscaba clarificar la situación en medio de las críticas que surgieron tras la publicación de artículos en medios como el 'New York Times' y el 'Washington Post', que cuestionaban la legitimidad del asalto. Se ha revelado que el 'Centuries' es propiedad de un comerciante chino especializado en el transporte de petróleo desde Venezuela hacia refinerías en China.

A destacar es que el navío cuenta con bandera de Panamá, lo que contrasta con el 'Skipper', otro petrolero abordado el 10 de diciembre y que sí estaba bajo sanciones del Tesoro. Este último navegaba, además, con una falsa bandera de Guyana, conforme a las declaraciones de sus autoridades. En este contexto, se ha confirmado que los guardacostas estadounidenses no presentaron una orden de inspección para el 'Centuries', a diferencia de lo que ocurrió con el 'Skipper'.

Frente a esta situación, funcionarios anónimos dentro del gobierno de EE. UU. indicaron al 'Washington Post' que la acción de los guardacostas podría justificarse bajo el "derecho de visita", una normativa marítima que permite la inspección de un barco si se sospecha de su implicación en actividades ilegales.

El gobierno de Venezuela no tardó en expresar su desacuerdo, calificando la incursión como un "robo" a sus activos y un "secuestro" de la tripulación, planteando que estos actos fueron ejecutados por militares estadounidenses en aguas internacionales. Así se manifiesta en un comunicado oficial emitido por el régimen de Maduro.

Las autoridades venezolanas han denunciado esta incautación como un acto de "piratería", argumentando que infringe diversas normas del Derecho Internacional y constituyen una grave violación de la ley. Además, el gobierno de Caracas ha anunciado su intención de tomar medidas, incluyendo la presentación de una queja formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para garantizar que estos actos no queden sin respuesta.