El Gobierno español ha solicitado el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, esta petición se ha quedado aparcada en la agenda de los ministros de los Veintisiete debido a que España ha perdido el control de la presidencia rotatoria, que ahora está en manos de Bélgica.

Durante el semestre español, se abordó en varias ocasiones la oficialidad de las lenguas cooficiales en las reuniones de ministros europeos de Asuntos Generales. Sin embargo, muchos países expresaron reservas y señalaron la falta de información precisa sobre el impacto legal, práctico y financiero de esta propuesta.

Delegaciones de distintos Estados miembros consultadas por Europa Press destacaron que no cuentan con los datos necesarios para tomar una decisión y expresaron su esperanza de que la última reunión en diciembre fuera la final sobre este asunto. Bélgica, por su parte, ha dejado claro que dará pasos adecuados durante su presidencia y prestará especial atención a los análisis requeridos antes de debatir la petición española en un nivel más alto.

La agenda del próximo Consejo de ministros de Asuntos Generales de la UE, que se celebrará el 29 de este mes, no incluye ninguna referencia a la petición española de reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea. Sin embargo, fuentes de la presidencia rotatoria afirman que el asunto no se ha aparcado, sino que consideran que necesita avanzar primero al nivel técnico antes de volver a ser incluido en la agenda.

Además, destacan que España debe ser quien impulse el expediente y proporcione información detallada sobre las implicaciones y alcance de los cambios propuestos. El Consejo está a la espera de recibir propuestas alternativas que sean compatibles con los Tratados y que estén respaldadas por evaluaciones de impacto administrativo, jurídico y financiero.

El Gobierno español defiende que las especificidades de las lenguas cooficiales, incluyendo su encaje en la Constitución y su uso en el Congreso de los Diputados y el Senado, hacen que el caso español sea único y no pueda extrapolarse a otras regiones europeas. Asimismo, aseguran que asumirán los costos de introducir el uso de estas lenguas en las instituciones europeas, renunciando así a que los gastos corran a cargo de las arcas comunitarias. También han planteado un despliegue gradual para la introducción del catalán, dejando para más adelante el desarrollo del euskera y del gallego sin especificar un calendario.

La Comisión Europea ha estimado que la introducción de una nueva lengua en el funcionamiento de la Unión Europea implicaría un gasto anual de alrededor de 44 millones de euros, lo que se traduciría en 132 millones de euros en este caso. Sin embargo, no ofrecerá un análisis definitivo hasta que el Consejo adopte una posición formal sobre la petición española.

Es importante mencionar que el cálculo de la Comisión se basa únicamente en la experiencia de Irlanda con el gaélico, sin tener en cuenta otras variables como el número de traductores e intérpretes disponibles, la existencia de bases de datos suficientes sobre terminología o los detalles del régimen de transición propuesto por España.