En un movimiento que ha generado una considerable controversia, la Federación Española de Pelota ha decidido dar un paso firme hacia acciones legales tras el reconocimiento oficial de la selección vasca por parte de la Federación Internacional de Pelota Vasca (FIPV). Este reconocimiento se produce en medio de un clima de discordia entre las distintas federaciones y sectores políticos en España, lo que podría intensificar aún más el debate sobre la identidad y autonomía regionales.

Este jueves, la Federación Española de Pelota expresó su rechazo a lo que califica como un "atropello nacionalista de Euskadi", haciendo alusión a la reciente Asamblea General de la FIPV, que tuvo lugar el 28 de diciembre en Iruña (Pamplona). En un comunicado oficial, la Federación argumentó que esta decisión representa un procedimiento "viciado de pleno derecho", al considerar que no fue llevado a cabo de manera transparente y regulada.

Julián García Angulo, presidente de la Junta Gestora de la Federación Española, dejó claro que se recurrirá a los tribunales y al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para impugnar los acuerdos adoptados en la asamblea. García Angulo también criticó lo que percibe como maniobras para eludir el TAS en el futuro, lo que añade un nivel de complejidad a la disputa.

El presidente de la Federación alegó que el proceso incluyó una "exclusión irregular" de la representación española, a través de sanciones disciplinarias consideradas aceleradas, lo que habría permitido que se aprobaran ciertos acuerdos que de otro modo habrían enfrentado resistencia significativa y una clara imposibilidad de ser aprobados.

En este contexto, el respaldo a la Federación Española de Pelota no se ha hecho esperar. En una reunión realizada este 2 de enero en el Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, presidente del COE, junto con Vicente Martínez, secretario general de la Asociación del Deporte Español (ADESP), manifestaron su completo apoyo a las acciones legales que se están preparando, destacando la unidad en defensa de los intereses del deporte español.

La estrategia legal que se implementará estará liderada por Gonzalo Jiménez Illana, un experto en derecho deportivo, quien se encargará de salvaguardar los derechos de España dentro del ámbito de la FIPV. Esto se hace en un momento en el que la Federación manifiesta la necesidad de protegerse contra lo que considera un intento de división y una amenaza a su integración en el ámbito deportivo internacional.

La Federación también ha solicitado al Consejo Superior de Deportes (CSD) que mantenga un enfoque cauteloso y se abstenga de ratificar cualquier acuerdo de la mencionada Asamblea hasta que se hayan resuelto todas las instancias legales. Consideran que es alarmante que, en una reunión celebrada en territorio español y que afecta directamente al país, se haya llevado a cabo un procedimiento disciplinario que condujo a la exclusión de España en momentos decisivos de votación.

Finalmente, el comunicado también destaca que el impacto de esta situación ha sido tan significativo que ha llevado a Javier Trigo, representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la Junta Directiva de la Federación, a presentar su dimisión inmediata como vicepresidente, en señal de protesta por lo que él considera un atropello a los principios de transparencia y justicia en la toma de decisiones deportivas.