En el día de hoy, Madrid se convierte en el escenario de una reciente decisión de la Fiscalía Provincial que ha cerrado una investigación en torno a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido Podemos. La denuncia se centraba en supuestos comportamientos inadecuados hacia alumnas en el marco de las clases que ofreció en la Universidad Complutense durante el período académico 2021-2022.

Esta decisión de archivo se produce tras la evaluación de un expediente disciplinario que la Universidad Complutense envió al Ministerio Público el pasado mes de abril, el cual abría la puerta a la investigación de los hechos denunciados.

Los fiscales han concluido que las acciones atribuidas a Monedero no constituyen un delito conforme al artículo 173.1 del Código Penal, ya que no cumplen con los requisitos necesarios para ser clasificadas como ataques a la integridad moral.

La Fiscalía enfatiza que los incidentes denunciados carecen de suficiente gravedad para ser considerados como un trato degradante que afecte de manera seria la integridad de las alumnas involucradas. Según el análisis, no se evidenció un patrón de conducta repetida que pudiera dar lugar a sentimientos de humillación o inferioridad en las estudiantes.

Se aclara que aunque las actitudes mencionadas en la denuncia podrían considerarse moralmente reprochables, sobre todo tratándose de una figura autoritaria en el ámbito educativo, no todas las interacciones inapropiadas son susceptibles de ser perseguidas penalmente, sino únicamente aquellas que causan un daño significativo.

El informe señala que, si bien las conductas descritas pueden ser vistas como inadecuadas, el contexto y las circunstancias no han permitido constituir elementos sólidos para una acusación formal contra Monedero por un delito de esta naturaleza, aunque se reconoce el potencial daño que tales comportamientos pueden acarrear en el entorno académico.

Finalmente, la Fiscalía sugiere que los espacios de educación superior deben ser conscientes de la vulnerabilidad inherente que puede existir en estas relaciones de poder, instando a las autoridades a asegurarse de que no se repitan situaciones que, aunque desafortunadas, pueden ser corregidas a través de un proceso disciplinario, en caso de ser necesario.