El Gobierno andaluz ha defendido al sector fresero tras las conclusiones del Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa sobre las condiciones laborales de la población inmigrante que trabaja en este sector. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado que “es un sector responsable, que hace las cosas bien” y ha acusado a “determinados responsables políticos” de crear un “caldo de cultivo perfecto” para difundir una “campaña sistemática para hablar mal del sector”.

La Inspección de Trabajo es una competencia estatal, pero el consejero ha defendido la contribución económica del sector, que representa el 98% de la producción nacional y un 30% de la Unión Europea. Además, ha señalado que no permitirán que se ataque al sector de la fresa, en línea con una carta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, envió la semana pasada al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El Grupo de Expertos contra la Trata de Seres Humanos del Consejo de Europa ha documentado en su último informe las condiciones laborales que viven personas migrantes en los campos de fresa de Huelva. El informe recoge el viaje realizado por una delegación de este grupo de expertos a España en julio de 2022, en el que han visitado la provincia andaluza por ser una de las principales regiones productoras de esta fruta.

El documento señala que en el momento de su visita había 25 asentamientos informales donde 914 migrantes vivían, incluyendo 99 mujeres, mayoritariamente trabajadores indocumentados de Marruecos, Malí y Ghana. De acuerdo con GRETA, a su llegada les informaron de que durante la temporada de cosecha “hay muchos más trabajadores” establecidos allí. Las personas migrantes “viven en chozas hechas de láminas de plástico que se utilizan para cubrir los campos de fresas” y “no hay acceso a agua potable, electricidad ni saneamiento”, según el informe.

ONG como ‘Mujeres en Zona de Conflictos’, Cruz Roja, Cáritas o ACCEM brindan ayuda humanitaria en el lugar e incluso se ha montado un centro de día cerca de los campos para proporcionar bienes y servicios básicos a los migrantes, pero su continuidad estaría en peligro por “falta de financiación pública”. Los inspectores de trabajo no tienen mandato para acudir a los asentamientos y solo acude la Guardia Civil en caso de incidentes o para identificar a mujeres embarazadas o con niños, según el informe.

Si bien el informe destaca que “no se han identificado víctimas de trata entre las personas que viven en los asentamientos informales”, GRETA advierte de la existencia de asentamientos similares en otras partes del territorio español y se muestra “profundamente preocupado por la inacción de las autoridades ante esta situación humanitaria que se prolonga desde hace varios años y genera mayores riesgos de trata de personas”.