El Tribunal Supremo (TS) mantiene su postura respecto a la situación deindependistas condenados y prófugos, asegurando que no se anticipan cambios significativos aún si el Tribunal Constitucional (TC) da su visto bueno a la controvertida ley de amnistía. Sin embargo, el TS no descarta la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si las circunstancias lo requieren.

La ley de amnistía, que celebra su primer año, ha beneficiado a más de 300 individuos, pero no incluye a figuras clave del independentismo, como Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, quienes siguen enfrentando barreras legales significativas. Mientras Puigdemont continúa en paradero desconocido, Junqueras se encuentra inhabilitado. La tensión entre el TS y el TC está en el centro del debate, el cual también alcanza instancias europeas.

El impulso hacia la amnistía adquirió fuerza tras las elecciones generales del 23 de julio de 2023 y se materializó en un acuerdo entre Junts y el PSOE, anunciado el 9 de noviembre. Este acuerdo incluyó la propuesta de una ley de amnistía, que fue ajustada en varias ocasiones antes de su aprobación final el 30 de mayo de 2024.

Luego de las elecciones europeas del 9 de junio, la ley finalmente fue publicada en el Boletín Oficial del Estado y comenzó a regir el 11 de junio. Un par de semanas después, el 25 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aplicó la nueva normativa por primera vez, beneficiando al ex consejero de Interior, Miquel Buch, condenado por malversación.

A medida que pasaban los días, la atención se centraba en el TS, que debía pronunciarse sobre el futuro judicial de Puigdemont y otros ex consejeros. El 1 de julio, tanto el tribunal sobre el 'procés' como su instructor, Pablo Llarena, decidieron no aplicar la amnistía a los casos de malversación, reafirmando la inhabilitación de los condenados y las órdenes de arresto contra los fugitivos.

El tribunal, bajo la presidencia de Manuel Marchena, señaló que las acciones de Junqueras y otros encajaban en excepciones que limitaban la aplicación de la norma, argumentando que habían actuado con beneficios personales y a expensas de intereses financieros de la UE, al intentar llevar a cabo una Cataluña independiente.

Sin embargo, esta decisión no fue unánime. La magistrada Ana Ferrer emitió un voto particular abogando por la amnistía para los líderes independentistas, un argumento que sus defensores usaron en intentos fallidos de revocar la decisión del TS.

Ante la negativa del TS, Junqueras, Romeva, Bassa y Turull llevaron su caso al TC, que ha aceptado la tramitación de sus recursos. Se espera que Puigdemont y otros prófugos hagan lo mismo al finalizar los trámites en el TS.

Actualmente, el foco se dirige al TC, que pronto emitirá una sentencia clave en respuesta al recurso presentado por el PP contra la ley de amnistía. La vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, ha estado trabajando en este borrador durante seis meses, con la intención de presentarlo a sus compañeros en el Pleno que iniciará el 10 de junio.

El Pleno del 24 de junio se anticipa como crucial, donde se revisarán las propuestas para responder a los escritos del PP y de algunos magistrados del TC que argumentan por la suspensión de la sentencia hasta que el TJUE se pronuncie sobre temas relacionados.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, ya ha desestimado la propuesta de paralizar el proceso, subrayando que el control de constitucionalidad que realiza el TC es independiente de otras decisiones judiciales. Por su parte, el PP también ha solicitado que Conde-Pumpido se aparte del caso, argumentando un conflicto de intereses personal.

Desde la mayoría progresista del TC, hay escepticismo sobre la relevancia de las peticiones del PP, sugiriendo que estas son parcialmente maniobras dilatorias. Si el TC da luz verde a la amnistía, atención se centrará en cómo el Supremo interpretará esta decisión respecto a cada caso individual.

Dentro del TS, existe un ambiente de calma ante la sentencia del TC, ya que sus jueces han condicionado sus propios fallos a cómo interpretarán la aplicación de la norma en relación a los líderes del 'procés' y la obtención de beneficios personales de la malversación y el impacto en intereses de la UE.

En consecuencia, algunos analistas legales sugieren que, aun en caso de que la ley sea ratificada como constitucional, las órdenes de detención contra Puigdemont y otros podrían permanecer vigentes, así como las inhabilitaciones que alcanzan hasta el año 2031.

Sin embargo, los líderes independentistas podrían desafiar al TS, en busca de hacer valer una potencial decisión favorable del TC. El Supremo ya ha dejado entrever la posibilidad de elevar una cuestión prejudicial al TJUE si consideran necesario defender su postura, siguiendo el precedente de otros tribunales españoles que han buscado la intervención del tribunal europeo en desacuerdos legales anteriores.

Por el momento, el TS se ha limitado a cuestionar la ley de amnistía ante el TC, aunque no ha abordado casos específicos de los líderes independentistas. En contraste, otros tribunales, como la Audiencia Nacional y el TSJC, esperan respuestas del TJUE respecto a sus propias solicitudes.