La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha levantado la voz contra prácticas que considera inaceptables en un total de ocho festivales de música al aire libre, llevando su denuncia ante las autoridades competentes de varias comunidades autónomas en España.

Entre los festivales señalados se encuentran eventos destacados como el Degusta Fest en Granada, el Icónica Fest en Sevilla, el Bella Festival en Marbella, el Boombastic Costa del Sol de Málaga, el FIB en Benicàssim, Movida Sound en Barbate, Dreambeach en Almería y el Reggaetón Millennial Fest en Alicante.

Una de las quejas más recurrentes está relacionada con el uso de pulseras cashless, un sistema de pago considerado obligatorio, que impone a los asistentes una comisión de entre dos y tres euros para recuperar el saldo no utilizado en estas pulseras. La OCU ha subrayado que este sistema restringe el derecho de los consumidores a utilizar efectivo y revela preocupaciones señales sobre los plazos estrictos para reclamar devoluciones.

Otro tema controvertido que ha surgido en esta denuncia es el cobro de recargos por la reentrada a los festivales, un cargo que la OCU califica de “mala práctica”, ya que sostiene que el control de acceso y aforo es una parte integral de la organización del evento y, por tanto, no debería tener un coste asociado, que en algunos casos puede alcanzar hasta 35 euros. Además, advierte que podría tratarse de una retención ilegal.

La organización también ha criticado la falta de política de reembolsos en situaciones climáticas adversas o por cambios en el cartel de artistas, enfatizando que la alineación de artistas es fundamental para que los asistentes decidan acudir a un festival.

Otro aspecto destacado es la prohibición de ingresar con alimentos y bebidas al recinto, lo que la OCU considera una limitación abusiva. Aunque ha señalado que esta práctica ha disminuido este año, aún se encuentra presente en la normativa de algunas comunidades autónomas.

La OCU ha instado a las autoridades de consumo de las regiones afectadas a imponer sanciones a las empresas responsables y a garantizar la devolución de cargos que han sido cobrados de manera inapropiada.

Además, ha propuesto la necesidad de que el Ministerio de Consumo desarrolle un marco normativo coherente que proteja los derechos de los asistentes a estos eventos, incluyendo compensaciones automáticas ante situaciones de abuso. La OCU ha señalado que, fuera de Asturias, las leyes autonómicas suelen ser laxas, favoreciendo a los organizadores sobre los derechos de los consumidores.

Finalmente, instó a los asistentes que hayan experimentado estos problemas a presentar quejas y, en caso de que no se disponga de hojas de reclamaciones, a contactar con la Policía Local para que tomen medidas. Asimismo, recordó que situaciones como la cancelación de un festival o modificaciones de última hora en el cartel pueden generar derecho a reembolso y posibles reclamaciones por daños y perjuicios, vinculados a los costos de desplazamiento del público.