En un contexto en el que la libertad de información se ve cada vez más amenazada, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) hace un llamado a las autoridades para que refuercen de manera efectiva el secreto profesional de los periodistas. En un reciente informe titulado 'La libertad de información en España. Balance 2025', la organización destaca la necesidad de limitar de forma rigurosa las excepciones en el anteproyecto de Ley Orgánica que regula este derecho, aprobado en julio de 2025 por el Gobierno.

El análisis de la PDLI sugiere que, bajo la redacción actual de esta ley, las fuentes de información podrían estar en mayor riesgo, lo que podría desincentivar a los informantes a compartir datos de interés público por temor a represalias. Esta situación podría comprometer gravemente el flujo de información esencial para la sociedad, según advierte la plataforma.

Asimismo, la PDLI resalta que la disposición actual podría obligar a los periodistas a revelar sus fuentes en una mayor cantidad de circunstancias y ante criterios judiciales más amplios, lo que, a su parecer, "socava" la independencia y la capacidad investigativa del periodismo. Dado que se trata de una ley orgánica, calificada por su mayor rango, cualquier debilidad en su formulación podría tener repercusiones negativas en la práctica periodística.

En lo que respecta a la Ley de Información Clasificada, la PDLI alerta sobre los "riesgos indirectos" que esta normativa puede presentar para el ejercicio de la prensa. Un aspecto crítico que señala es la duración excesiva de los plazos de clasificación, que puede fomentar la opacidad en documentos que son relevantes para el interés público y fundamentales para la labor de investigación periodística.

El informe también pone de relieve que si los criterios para clasificar o desclasificar documentos son demasiado amplios y carecen de control adecuado, esto podría transformarse en un mecanismo que restringa el acceso de los medios a información esencial. La PDLI insta a que se establezcan plazos razonables y mecanismos independientes de evaluación en la ley para garantizar la transparencia.

Por otro lado, la organización hace un llamado a mejorar la regulación interna del Congreso respecto a las acreditaciones de prensa parlamentaria, abogando por evitar cualquier uso arbitrario de sanciones que pudiera limitar el acceso de los medios a la actividad legislativa.

Además, la PDLI pide a las autoridades que se aseguren de que la regulación del entorno digital respete plenamente la libertad de información y el control judicial, al tiempo que exigen una protección activa para periodistas frente a situaciones de agresiones, acoso y presiones legales.

Cerrando sus recomendaciones, la PDLI sostiene que 2026 será un año crucial que definirá si España da pasos hacia el fortalecimiento de las garantías de la libertad de información o si se consolida un contexto de presión estructural que amenace el rol de la prensa como un pilar fundamental en el Estado de derecho.