MADRID, 8 de febrero. En un paso significativo hacia la mejora del sistema de incapacidad temporal, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado una nueva ronda de negociaciones con los agentes sociales para el próximo lunes, 9 de febrero, a las 11:30 horas. Este encuentro marca el reinicio del diálogo tras más de medio año sin avances en un asunto tan crítico.

Este retorno al diálogo social se produce en un contexto donde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha revelado preocupantes deficiencias en la gestión de la incapacidad temporal, evidenciadas en un estudio reciente. Según el informe, la fragmentación entre los médicos que diagnostican y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que gestiona la financiación, ha llevado a una crisis de eficacia en el sistema.

La AIReF, bajo la dirección de Cristina Herrero, ha señalado que entre 2017 y 2024, la frecuencia de bajas por contingencias comunes ha aumentado un 60%, mientras que la duración media de estas bajas ha crecido un 15%. Como resultado, el gasto en incapacidad temporal se ha triplicado en la última década, resultado de una ineficiencia que requiere ser abordada de manera urgente.

El Ministerio está en conversaciones con los sindicatos CCOO y UGT, así como con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, para innovar en la gestión de las incapacidades temporales. Este diálogo es parte del compromiso establecido en el último pacto sobre pensiones, con la intención de encontrar soluciones que beneficien tanto a trabajadores como a empleadores.

Elma Saiz, al mando de esta cartera, ha propuesto un enfoque de reincorporación gradual de los trabajadores tras una baja médica, lo que se conoce ahora como "alta progresiva". Este cambio sugiere una transición cuidadosa hacia el retorno al trabajo, siempre que se certifique que tal reincorporación es favorable para el empleado.

Además, en el marco de las negociaciones, se ha planteado permitir que las altas médicas, propuestas por las mutuas colaboradoras, no se limiten a las bajas de hasta 365 días. De esta manera, se busca una mayor flexibilidad en la gestión de estos procesos que ha sido demandada por distintos sectores.

Sin embargo, tanto CCOO como UGT han expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzcan altas "injustificadas" para acelerar el retorno de los trabajadores, subrayando que cualquier reforma respecto a la "alta progresiva" debería estar respaldada por un diagnóstico médico que confirme su idoneidad.

En cuanto a la postura de los empresarios, la CEOE ha mostrado interés en revisar y potencialmente eliminar los complementos salariales que las empresas añaden a la Seguridad Social para cubrir sueldos durante las incapacidades temporales. Argumentan que, en algunos casos, estos suplementos pueden incentivar el absentismo laboral, un fenómeno que ha crecido alarmantemente y que cuesta millones a la economía española.

La AIReF, en su diagnóstico, ha abogado por la creación de un sistema de información integrado y mejores protocolos de supervisión para el Instituto Nacional de Seguridad Social, además de fomentar el compromiso de las empresas en la gestión de las bajas laborales y la promoción de la salud en el trabajo.

Asimismo, han propuesto que el INSS implemente un sistema de alerta temprana al detectar indicios de absentismo, mejorando así la colaboración entre médicos, trabajadores y empleadores. Además, se ha sugerido modernizar el proceso de gestión de bajas, destacando que en otros países europeos ya se han observado patrones que indican que una automatización puede influir en los niveles de ausentismo.