
En una decisión histórica, los Veintisiete han respaldado formalmente el acuerdo político alcanzado en enero para reducir las emisiones de CO2 de los vehículos pesados nuevos en la Unión Europea. Este acuerdo incluye la ambiciosa meta de reducir un 90% las emisiones de camiones y autobuses para el año 2040, consolidando así el compromiso de la UE con la lucha contra el cambio climático.
Este plan incluye objetivos intermedios de reducción del 45% para el período de 2030 a 2034, del 65% para 2035-2039, y finalmente del 90% para 2040 en comparación con los niveles de emisiones de 2019. Estos objetivos se aplicarán a camiones pesados de más de 7,5 toneladas y autocares, sectores clave responsables de más del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte por carretera en la UE.
Se han establecido algunas excepciones a estos objetivos de reducción de CO2, como para pequeños fabricantes, vehículos utilizados en la minería, la silvicultura y la agricultura, así como para vehículos de las fuerzas armadas, servicios de bomberos, protección civil y atención médica.
Además, la reforma del reglamento amplía su alcance para incluir vehículos profesionales como camiones de basura u hormigoneras en una fase posterior, prevista para 2035. También se estudiará la posibilidad de incluir camiones más pequeños, de menos de 5 toneladas, en el ámbito de aplicación.
El reglamento también fija un objetivo de cero emisiones del 100% para los autobuses urbanos y un objetivo intermedio del 90% para 2030. Sin embargo, se ha acordado exceptuar a los autobuses interurbanos de esta meta, situándolos en el marco de los objetivos para autocares.
Para evaluar la efectividad del reglamento modificado, la Comisión Europea llevará a cabo una revisión en 2027, incluyendo una evaluación del papel de un factor de corrección de carbono en la transición hacia una movilidad sin emisiones en el sector de vehículos pesados.
Una vez que el reglamento sea firmado por las instituciones correspondientes, será publicado en el Diario Oficial de la UE y entrará en vigor 20 días después de su publicación, marcando así un hito en la lucha de la Unión Europea contra el cambio climático en el sector del transporte.
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