Madrid, 25 de mayo. Un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno español y el PNV está a punto de abrirse, ya que el martes se llevará a cabo un debate en la Comisión Mixta del Congreso y Senado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. En este encuentro, se evaluará la conveniencia de que dicho tribunal elabore un informe sobre la restitución al PNV de un edificio emblemático en París, que en su momento fue sede del gobierno vasco en el exilio y que hoy alberga el Instituto Cervantes.

La iniciativa, impulsada por el PP, parece tener buenas posibilidades de avance, dado que tanto los populares como Vox tienen la mayoría en esta comisión. La propuesta busca que el Tribunal de Cuentas, bajo la dirección de Enriqueta Chicano, investigue la decisión de devolver el inmueble situado en la Avenida Marceau, así como la compensación por dos propiedades que ya no existen en otras ciudades.

Este asunto ha sido objeto de controversia en el pasado. El PNV sostiene que adquirió el edificio como sede de su gobierno en el exilio y que este fue usurpado durante la dictadura franquista. Sin embargo, el PP y Vox han cuestionado la legitimidad de esta restitución, a lo que el PP acusa al Gobierno de haber "ocultado" informes cruciales que respaldan su decisión, así como un compromiso de pago que asciende a un millón de euros anuales durante seis años a favor del PNV.

Alfonso Polanco, portavoz de Hacienda del PP, expresó su preocupación en el Senado, tildando de "privatización encubierta" la gestión del inmueble por parte del Gobierno. Recordó que en 2003 el Tribunal Supremo ya había negado la cesión de la propiedad al PNV, argumentando que la titularidad no era clara y que la documentación disponible la atribuía al Gobierno en el exilio, no al partido como tal.

Polanco también recordó varios fallos judiciales franceses en contra del PNV en la década de 1940, abriendo un debate sobre la legalidad y las implicaciones de la decisión actual. Según el PP, el valor total de la cesión del palacete podría alcanzar los 25 millones de euros, incluyendo tanto la valoración de mercado como la renta y compensaciones por pérdidas relacionadas con otros inmuebles.

En el lado del Gobierno, el director general del Patrimonio del Estado, Juan Tejedor Carnero, defendió la medida argumentando que, aunque no hay impacto en el presupuesto, sí ha tenido un efecto contable al desclasificar el inmueble en la contabilidad del Estado. Se garantizó que el Instituto Cervantes podrá seguir ocupando el edificio hasta finales de 2030 mediante el pago de un alquiler de mercado.

Respecto a la sentencia del Supremo que emplea el PP como argumento, Tejedor Carnero aclaró que en 2003 se desestimó la restitución del PNV debido a la legislación existente en aquel momento. Sin embargo, la situación ha cambiado con la reciente aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que aporta un marco legal más robusto para la operación en cuestión.

Finalmente, el PP enfatizó que la entrega del palacete podría acarrear consecuencias sobre la contabilidad del PNV, considerándolo como una posible fuente de ingresos extraordinarios o donaciones que deberían estar reguladas por la ley. Así, el debate se complica y se intensifica, prometiendo un futuro lleno de desafíos y reivindicaciones históricas.