En Madrid, el 5 de noviembre, se ha llevado a cabo una nueva jornada en el Tribunal Supremo donde han declarado importantes figuras políticas en el marco del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Juan Lobato, exlíder del PSOE en Madrid, junto con Pilar Sánchez Acera, ex secretaria de política institucional, han afirmado que no tuvieron acceso al controvertido correo electrónico enviado por Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, en el que ofrecía reconocerse culpable de dos delitos fiscales a cambio de un acuerdo con la Fiscalía.

La sesión de hoy es parte del proceso judicial que enfrenta a García Ortiz con una posible condena de seis años de prisión y doce de inhabilitación, por la supuesta filtración de dicho email a la Cadena SER el 13 de marzo de 2024. Durante los interrogatorios, se ha puesto el foco en las conversaciones de WhatsApp que intercambiaron Lobato y Sánchez Acera el 14 de marzo.

El testimonio de Lobato incluye detalles sobre un 'pantallazo' que Sánchez Acera le envió esa mañana, el cual contenía información similar al correo de González Amador. Lobato destacó que pidió aclaraciones sobre el origen del pantallazo, expresando sus preocupaciones sobre su veracidad. "No podía arriesgarme a utilizar información que no estuviera certificada", remarcó.

Sánchez Acera, por su parte, respaldó a Lobato al declarar que recibió el pantallazo a través de un medio de comunicación, aunque no pudo recordar de cuál se trataba. Su cambio de teléfono en septiembre de 2024 limitó su capacidad para identificar la fuente original del mensaje. Aseguró que enviarlo a Lobato fue simplemente por su posición jerárquica y el interés actual del asunto.

Ambos testigos coincidieron en que no recibieron instrucciones ni de Sánchez Acera ni de otros altos funcionarios, desmintiendo así cualquier acusación sobre una posible filtración intencionada desde Moncloa. Además, la investigación previa no logró probar la afirmación de que hubo órdenes desde el Gobierno para dar a conocer información delicada sobre González Amador.

La exasesora de Moncloa también acentuó que nunca tuvo acceso al famoso correo de febrero, aclarando que el documento que recibió carecía de identificaciones que lo vincularan formalmente al email. Tanto ella como Lobato aseguraron que el pantallazo enviado no fue compartido con terceros.

En esta tercera sesión, también se interrogó a periodistas que reportaron sobre las negociaciones entre la defensa de González Amador y la Fiscalía. Sin embargo, la mayoría optó por no revelar sus fuentes, basándose en sus derechos como periodistas. Entre ellos, José Precedo de 'eldiario.es', quien explicó que aunque recibió información relevante el 6 de marzo, no la publicó de inmediato para corroborar sus datos.

El juicio, que continuará el próximo martes, ha expuesto no solo posibles irregularidades en el manejo de información dentro de la Fiscalía, sino también las dinámicas entre la política y los medios de comunicación en un contexto altamente sensible. García Ortiz testificará el 12 de noviembre, y el 13 se realizarán las conclusiones finales de las partes involucradas.