BRUSELAS, 5 de junio. En un desarrollo significativo para los derechos de los viajeros en Europa, los ministros de Transporte de la Unión Europea han alcanzado un consenso político que promete reformar las normativas actuales sobre compensación a pasajeros. Este acuerdo modifica los tiempos de espera que dan derecho a los viajeros a reclamar una indemnización, incrementando los umbrales de 3 a 4 y 6 horas, dependiendo de la longitud del vuelo.

El pacto, que se obtuvo mediante una mayoría cualificada, fue respaldado a pesar de la oposición de España, Alemania, Estonia y Portugal. Como parte del compromiso alcanzado, se incluirá en el texto la obligación para las aerolíneas de ofrecer un formulario accesible que permita a los pasajeros gestionar sus reclamaciones de manera automatizada en caso de cancelaciones.

El ministro polaco Dariusz Klimczak, quien actualmente ocupa la presidencia rotativa del Consejo, se mostró optimista tras el acuerdo, destacando la importancia del debate y la flexibilidad demostrada por los estados miembros. "Aunque puede que no todos estén completamente satisfechos, considero que hemos logrado un compromiso que permite avanzar en una reforma imprescindible para proteger mejor a los pasajeros europeos", señaló, haciendo hincapié en que ahora se iniciarán las negociaciones con el Parlamento Europeo.

A pesar de la aprobación mayoritaria, las voces de disconformidad no se dejaron esperar. Representantes de España, Alemania, Portugal y Eslovenia manifestaron su preocupación por lo que consideran un "retroceso" en los derechos de los viajeros, y se registraron abstenciones de Austria y Estonia, quienes compartieron sus reservas sobre el acuerdo pero optaron por no bloquear el proceso.

José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes de España, expresó en el debate final su postura negativa hacia la propuesta, reconociendo algunos "avances" pero subrayando que la elevación de los umbrales para indemnización por retraso representaba una "línea roja" para su país. Santano enfatizó que el resultado actual "claramente deteriora la posición de los pasajeros", dejando en evidencia la necesidad de mantener un equilibrio justo entre los derechos de los viajeros y las regulaciones del sector aéreo.