En un momento en que la inversión en educación superior es más crucial que nunca, la Comunidad de Madrid se encuentra en una posición aislada, siendo la única autonomía que aún no ha formalizado su compromiso con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para el 'Programa María Goyri'. Este programa tiene como objetivo fundamental la creación de nuevas plazas de profesor ayudante doctor en las universidades públicas del país, un paso vital para fortalecer el sistema académico español.

Hasta la fecha, el Ministerio ha logrado sellar acuerdos con dieciséis comunidades autónomas, poniendo en marcha el programa que permitirá la creación de un total de 4,480 nuevas plazas de profesor ayudante doctor en diversas universidades públicas. Este esfuerzo se traduce en una inversión significativa desde el Gobierno de España, que aportará financiamiento para 2,705 de estas plazas, mientras que las comunidades asumirán la responsabilidad de cubrir las 1,775 restantes.

Las comunidades que ya han dado el visto bueno a este convenio incluyen a Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Navarra y Región de Murcia. La colaboración entre estos gobiernos y las universidades es vista como una oportunidad para atraer y retener el talento académico que tanto necesita nuestra educación superior.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha subrayado la importancia de este programa al señalar que el Ejecutivo está trabajando de la mano con las comunidades y las universidades para rejuvenecer las plantillas y erradicar, de una vez por todas, la precariedad que ha marcado las últimas décadas en el ámbito educativo superior. Esta situación, resultado de años de recortes, ha llevado a que muchas universidades enfrenten serios problemas para atraer a profesionales calificados.

Morant enfatizó que la meta del 'Programa María Goyri' es financiar más de 5,600 plazas de profesores ayudantes doctor a lo largo y ancho del territorio español. Este enfoque no solo busca mejorar la educación impartida, sino también permitir que futuros investigadores y académicos puedan desarrollarse plenamente en un entorno que incentivice su labor.

El compromiso del Gobierno de España con este programa es notable, ya que implica la financiación de 3,400 plazas durante un periodo de seis años, lo que se traduciría en un impacto económico significativo, alcanzando más de 900 millones de euros en inversión pública. Todo esto se realiza con la visión de construir un sistema educativo más robusto y efectivo.

A su vez, el programa también contempla la movilización de 2,236 plazas adicionales, cuya financiación estará a cargo de las comunidades autónomas, que son las encargadas de gestionar estas competencias. Este esfuerzo conjunto es un claro reflejo de la necesidad de una colaboración efectiva entre diferentes niveles de gobierno para mejorar la educación superior en España.

Por último, Morant destacó un aspecto sin precedentes en esta iniciativa: es la primera vez que un Gobierno español asume de manera directa el salario de los profesores e investigadores de las universidades, financiando así una competencia que anteriormente había recaído en las comunidades autónomas. Este cambio marca un hito en la política educativa del país y plantea un nuevo paradigma en la manera en que se aborda el financiamiento de la educación superior.