En el Reino Unido, la represión contra quienes expresan su apoyo a la ONG Palestine Action, recientemente declarada ilegal y catalogada como organización terrorista, ha provocado que el número de acusados se eleve a 114. Este incremento se da tras el anuncio de la Policía Metropolitana, que ha revelado que 47 nuevas personas han sido notificadas por presuntas violaciones a la legislación antiterrorista.

La superintendente Helen Flanagan, al frente de las operaciones del Mando Antiterrorista de la Policía Metropolitana, defendió en un comunicado el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente, aunque insistió en que deben hacerlo dentro del marco de la ley. Flanagan subrayó la importancia de respetar las normativas antiterroristas vigentes.

Flanagan también aconsejó a quienes piensan participar en manifestaciones pro-Palestine Action que reconsideren su decisión, advirtiendo que podrían enfrentar arrestos y procesos judiciales bajo el artículo 13 de la Ley de Terrorismo de 2000, que contempla penas de prisión de hasta seis meses.

Además, aquellos que sean condenados podrían enfrentar dificultades al intentar ingresar a naciones de la Unión Europea, Japón o Australia. Universidades y otras instituciones educativas también podrían rechazar sus solicitudes de admisión basándose en su relación con la legislación antiterrorista.

Desde que se prohibió a Palestine Action el 5 de julio, cientos de personas han sido detenidas, generando una ola de críticas. La ONG Human Rights Watch ha denunciado esta situación como un "grande abuso del poder estatal" y un aumento alarmante en la represión de los derechos de protesta por parte del gobierno británico.

La decisión de ilegalizar a Palestine Action fue impulsada por el gobierno liderado por el primer ministro laborista Keir Starmer, posterior a un incidente en el que se llevaron a cabo acciones de protesta que resultaron en daños significativos en una base aérea, valorados en aproximadamente 7 millones de libras (8,1 millones de euros).