CÓRDOBA, 16 de junio. En una reciente decisión, el Ministerio de Defensa ha optado por suspender temporalmente las funciones de un teniente y un comandante involucrados en el caso del fallecimiento del soldado Carlos León Rico, oriundo de El Viso del Alcor (Sevilla), y del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, que era de Adamuz (Córdoba). Esta trágica situación ocurrió durante un ejercicio militar en la base de Cerro Muriano el 21 de diciembre de 2023.

La suspensión de los militares ha sido comunicada a través del Boletín Oficial de Defensa, según ha explicado el abogado de la familia de Carlos León, Luis Romero. Esta decisión, que se ha tomado de manera reactiva, responde a una solicitud presentada hace dos meses por parte del letrado, quien celebra que el Ministerio haya tomado esta medida contra los implicados.

El Boletín oficial detalla que el teniente Tato ha sido separado de su puesto desde el 13 de junio, mientras que el comandante Velasco dejó sus funciones el 14 del mismo mes. Ambos eran parte del Regimiento de Infantería La Reina nº 2 ubicado en Cerro Muriano. Romero también manifestó su esperanza de que otros dos implicados, un capitán y un teniente coronel, sean cesados pronto.

Esta situación surge tras un fallo del Tribunal Militar Central en mayo, que revisó apelaciones de otros altos mandos implicados en el mismo caso, revocando sus procesamientos. Entre los implicados, además de los mencionados, se encuentran el sargento Castroviejo y el coronel Navarro, cuya situación también fue objeto de apelación.

El Juzgado Togado Militar Central Número Dos en Madrid había tomado la decisión de procesar a varios oficiales, incluyendo al capitán Zúñiga y al teniente Tato, basándose en delitos relacionados con el cumplimiento de sus deberes. Las acusaciones incluyen tanto delitos consumados como intentos de delinquir dentro de su función militar.

A pesar de la libertad provisional impuesta a los acusados, con la obligación de presentarse regularmente ante el tribunal, las decisiones del tribunal militar han llevado a un ambiente de creciente tensión y escrutinio dentro del ámbito militar. Esto se debe a la gravedad de los elementos que se están investigando y las implicaciones que tienen para la institución.

El pasado mayo, la resolución del Tribunal Militar Central otorgó parcialmente la razón a algunos de los involucrados, revocando el procesamiento de ciertos delitos pero manteniendo la situación de otros. Así, mientras algunos altos mandos han quedado exentos de ciertas acusaciones, la investigación sigue su curso, afectando la carrera de los acusados y planteando interrogantes sobre la responsabilidad en el mando militar.

En conclusión, este caso subraya la necesidad de una profunda revisión y reflexión dentro de las instituciones militares, así como un compromiso genuino hacia la transparencia y la justicia en el tratamiento de estos actos tragicos. Sin duda, la comunidad espera que se tomen las medidas adecuadas para garantizar no solo la justicia para las víctimas, sino también la integridad de las fuerzas armadas.