En un giro notable en el caso que enfrenta al productor musical Nacho Cano, la denunciante Lesly Ochoa ha decidido presentarse voluntariamente en los juzgados para exigir justicia y exponer lo que considera la falta de ética profesional por parte de Cano. Ochoa, que ha sido una de las voces que denuncia irregularidades en la contratación de becarios, ha afirmado que la conducta del productor es inaceptable, dado su reconocimiento y trayectoria en la industria.

Durante su comparecencia judicial este lunes, Cano se desvinculó de las acusaciones de irregularidades que se han presentado en relación a la contratación de casi una veintena de becarios mexicanos para su espectáculo 'Malinche'. En sus declaraciones, que se realizaron ante la jueza Inmaculada Iglesias, el exintegrante de Mecano sostuvo que fue "mal asesorado" y enfatizó que su enfoque siempre ha sido la parte creativa del proyecto.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid está investigando a Nacho Cano junto a tres de sus colaboradores por presuntas violaciones a los derechos laborales, además de posibles infracciones a los derechos de ciudadanos extranjeros. A Cano se le acusa de llevar a cabo una contratación irregular de estos jóvenes, lo que ha generado un debate importante sobre las condiciones laborales de los becarios involucrados.

A primera hora de la mañana, Cano llegó a los juzgados y se refirió a su declaración como un simple “paripé”, un comentario que no pasó desapercibido y que generó críticas sobre su actitud frente a la situación legal que enfrenta. Desde su detención en julio pasado, Cano ha manifestado que es objeto de acoso por parte de las autoridades, vinculando esta situación a su apoyo mostrado hacia la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

La declaración del productor musical se extendió por más de dos horas, tiempo durante el cual se limitó a responder las preguntas tanto de la jueza como de la fiscalía y sus propios abogados. Fuentes del entorno judicial señalaron que Cano mantuvo una actitud algo prepotente, lo que llevó a la jueza a llamarle la atención en varias ocasiones.

A lo largo de su testimonio, Cano argumentó no estar al tanto de diversas cuestiones relacionadas con la contratación de los becarios, afirmando que estos temas eran manejados por su equipo. Esta declaración ha sido interpretada, según las fuentes, como un intento de eludir responsabilidades, añadiendo que en el fondo, cree que recibió un “mal asesoramiento”.

La fiscal, en su intervención, centró las preguntas en el convenio relacionado con las prácticas de los becarios. Cano, insistiendo en su rol artístico, volvió a criticar a los responsables policiales que llevaron a cabo la investigación, mostrando una clara actitud defensiva frente a las acusaciones que le afectan.

Lesly Ochoa, en su comparecencia, no escatimó en críticas hacia Cano, subrayando que “no tiene ética profesional”. Denunció la situación precaria de los becarios, enfatizando que, a pesar del éxito del espectáculo y de que el productor continúa generando ingresos, a ellos no se les garantizaba ni siquiera un salario mínimo. Esta denuncia refleja la desprotección que muchos jóvenes enfrentan en el campo laboral, resaltando la necesidad de cambiar las prácticas de contratación en el sector cultural.

Junto a Cano, está previsto que declare Susana Jove, responsable de personal del espectáculo 'Malinche', en calidad de investigada. La trama se complica a medida que la investigación revela presuntas violaciones a los derechos laborales y la situación irregular de los becarios extranjeros traídos a España.

Recientemente, los policías que llevaron a cabo la investigación han declarado como testigos, afirmando que hallaron indicios de explotación laboral y una relación laboral encubierta, desafiando los intentos de la defensa de Cano de desestimar las acusaciones. La abogada de la denunciante, Alfredo Arrién, ha puesto de relieve que las jornadas laborales de los becarios eran excesivas y contrarias a la normativa vigente.

Desde la defensa de Cano, los abogados José Luis González-Montes y Elena Fernández han calificado el proceso como un "esperpento", rechazando las evidencias presentadas y acusando a la fiscalía de falta de objetividad. Insisten en que su cliente ha actuado dentro de los marcos legales y que las irregularidades denunciadas no tienen fundamento.

La jueza, al examinar las peticiones de sobreseimiento libre del caso, ha decidido mantener la causa abierta, argumentando que las irregularidades denunciadas requieren una investigación más exhaustiva. Las peticiones para expulsar a sindicatos como Comisiones Obreras de la acusación han sido igualmente desestimadas, reafirmando el compromiso del tribunal con la justicia en este caso complejo.

A medida que el caso avanza, la atención mediática y pública sigue enfocándose en las condiciones laborales de los becarios en la industria cultural, un tema que se vuelve cada vez más crucial en la discusión sobre derechos laborales en España.