El Ministerio de Juventud e Infancia ha puesto en marcha la fase de consulta pública sobre el anteproyecto de la Ley de Juventud y Justicia Intergeneracional, conocida como "la nueva Ley de Juventud 2025", con el objetivo de garantizar los derechos de los jóvenes en diferentes áreas como natalidad, familia, igualdad, vivienda, empleo y participación activa, entre otros.

Según el Ministerio, esta ley es fundamental para renovar el contrato social con la juventud, permitiendo la participación activa de los jóvenes y la ciudadanía en general en su desarrollo, reconociendo explícitamente sus derechos en diversas áreas como educación, empleo, natalidad, familia, vivienda, igualdad y conciliación por parte de las Administraciones Públicas. Asimismo, se destaca la importancia de contemplar la solidaridad intergeneracional y los derechos medioambientales para garantizar la sostenibilidad del sistema.

El Ministerio dirigido por Sira Rego considera imprescindible la elaboración de esta ley, ya que actualmente no existe ninguna norma a nivel nacional que garantice de manera integral los derechos específicos de la población joven, recogidos tanto en la legislación europea como internacional. Entre estos derechos se incluyen la participación, derechos económicos y sociales, derechos sexuales y reproductivos, derechos de las personas LGTBIQ, derechos de las mujeres, protección contra la violencia de género, lucha contra la discriminación por motivos raciales o étnicos, retos demográficos y cambio climático, entre otros.

Además, aunque no se ha especificado en el documento de consulta pública, se plantea la posibilidad de reducir la edad para votar a los 16 años. Tanto la ministra como otros representantes han expresado su apoyo a esta medida, abriendo así un debate político al respecto.

La fase de consulta pública tiene como objetivo recopilar las opiniones de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la redacción de un proyecto normativo. Las aportaciones se podrán enviar hasta el 30 de noviembre al correo '[email protected]'.

La nueva Ley de Juventud 2025 busca, dentro de las competencias de la Administración General del Estado, fomentar la participación activa de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural del país, en línea con lo establecido en la Constitución Española en su artículo 48.

En cuanto a los aspectos que abordará la ley en el ámbito de las competencias estatales, se incluyen aspectos como derechos económicos y sociales, participación política, bienestar emocional, crisis ambiental y derechos de las generaciones futuras, así como la gobernanza y el conocimiento de la realidad juvenil.

Actualmente, en España se aplican diversas normativas internacionales que proporcionan directrices sobre los derechos de la juventud, como la Agenda 2030, la Estrategia Europea de Juventud 2021-2027 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Además, en 2022 se desarrolló la Estrategia de Juventud 2030 en España, consensuada con instituciones y jóvenes no asociados de todo el país para establecer un nuevo contrato social con la juventud.

La mayoría de comunidades autónomas cuentan con leyes generales de juventud que abordan esta materia desde un enfoque territorial, aunque el Ministerio señala que es necesario impulsar una legislación específica que garantice los derechos de la juventud en todas las áreas mencionadas.