Con el inicio del nuevo año, España se prepara para implementar cambios significativos en su normativa vial, entre los que se incluye la obligación de disponer de la baliza V16 conectada. Esta medida, que entrará en vigor en 2026, forma parte de un conjunto más amplio de regulaciones que buscan mejorar la seguridad y el tráfico en las carreteras del país.

Una de las reformas más destacadas es la implementación de un carril central en situaciones de congestión. Esta nueva norma requiere que los vehículos en los carriles derecho e izquierdo se desplacen a sus extremos para crear un espacio central que permita el paso de emergencias. Esta medida no solo busca optimizar el tráfico, sino también garantizar que los servicios de emergencia puedan responder sin demoras en situaciones críticas.

Además, una modificación importante en la legislación de circulación incluirá una reducción de velocidad obligatoria al adelantar a vehículos inmovilizados en el camino. En este caso, los conductores deberán disminuir su velocidad en al menos 20 km/h por debajo del límite permitido y asegurar una distancia lateral de 1,5 metros, contribuyendo así a una mayor seguridad en las carreteras españolas.

Otro aspecto notable en la normativa de 2026 es la universalización del uso del cinturón de seguridad. Hasta ahora, ciertos profesionales como taxistas y repartidores estaban exentos de esta obligación. Sin embargo, a partir del próximo año deberán ajustarse a las mismas reglas que todos los conductores, lo cual supone un avance considerable en la protección de los trabajadores en la vía pública.

Las nuevas directrices también afectan a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que serán obligatorias en todos los municipios españoles con más de 50,000 habitantes. Esta normativa tiene como objetivo reducir la presencia de vehículos contaminantes en áreas urbanas, afectando a más de 149 municipios y beneficiando a casi la mitad de la población del país al mejorar la calidad del aire.

La regulación se basa en el etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que implica restricciones para vehículos de gasolina anteriores a 2001 y diésel anteriores a 2006. Las infracciones a estas normativas podrían acarrear sanciones de hasta 200 euros, con la opción de reducción si se paga de forma anticipada. Las clasificaciones de etiquetas B y C se verán limitadas en ciertas áreas, mientras que las etiquetadas como ECO y Cero gozarán de facilidades de acceso y estacionamiento.

A cada municipio se le permite establecer sus propias condiciones dentro de las ZBE, por lo que las restricciones pueden diferir significativamente entre ciudades. En el caso de Madrid, se había previsto que la moratoria para vehículos sin etiqueta finalizara en enero de 2026, restringiendo así su acceso a toda la red urbana, incluida la M-30.

Sin embargo, la administración local decidió extender la moratoria, citando el bajo impacto ambiental de estos vehículos en función de la residencia de sus usuarios. Así, se permitirá su acceso a la zona ZBE hasta finales de 2026, buscando un equilibrio entre regulación y la realidad de los ciudadanos madrileños.