En un contexto en el que la transición hacia la movilidad eléctrica se presenta como una necesidad urgente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha levantado la voz en protesta por las recientes modificaciones en las ayudas al coche eléctrico en España. La OCU califica estas ayudas como "insuficientes" y manifiesta su descontento con el nuevo Real Decreto-ley 2/2026 y el 'Plan Auto+', lanzados recientemente por el gobierno.

De acuerdo con el comunicado emitido por la OCU, aunque se mantiene una deducción del 15% en el IRPF, con un límite máximo de 3.000 euros para la adquisición de un vehículo eléctrico, las nuevas medidas han llevado a una reducción en la cantidad total de las ayudas. Más preocupante aún es la supresión de las ayudas para la instalación de cargadores en domicilios, lo que complica aún más el acceso a esta modalidad de transporte sostenible.

La OCU subraya que la sostenibilidad no debe convertirse en un privilegio exclusivo para unos pocos. A lo largo de los años, han advertido que el alto costo de los vehículos eléctricos se erige como el principal obstáculo para su adopción generalizada. En este sentido, lamentan que el nuevo plan no aborda este problema fundamental, ya que el alivio económico para la compra de un coche eléctrico ha disminuido de 7.000 a 4.500 euros, tras eliminarse las ayudas por el achatarramiento de vehículos antiguos.

La eliminación de esa ayuda no solo suponía una ventaja económica, sino que también contribuía a la reducción de los coches más contaminantes en circulación, lo que podría haber ayudado a mitigar la elevada antigüedad del parque automovilístico en España—uno de los más antiguos de la Unión Europea, un factor que agrava la siniestralidad en las carreteras.

Con respecto a los incentivos adicionales que ofrecen algunos concesionarios, como los 1.000 euros de descuento, la OCU recuerda que no son novedad en el sector y, por lo tanto, no representan una mejora significativa. Además, la organización señala que el recorte de ayudas para la instalación de cargadores en los hogares crea una nueva barrera, especialmente para familias con recursos limitados que ya enfrentan dificultades para acceder a tarifas eléctricas asequibles—un factor crucial para la viabilidad de un coche eléctrico.

La OCU hace hincapié también en la falta de consideración hacia los hogares que no cuentan con garaje ni posibilidad de instalar una estación de carga. Esta realidad subraya la necesidad imperiosa de una 'Estrategia Nacional de Recarga', que garantice un acceso equitativo a los vehículos eléctricos para todos, sobre todo para quienes no tienen un punto de carga propio.

La mayoría de las estaciones de carga en zonas urbanas pertenecen a empresas privadas, lo que resulta en tarifas que son considerablemente más altas que las de las instalaciones domésticas. Además, la red de recarga en España se califica de insuficiente y poco confiable, incluso en las ciudades, donde las estaciones de recarga a menudo se encuentran inoperativas.

Con todo esto en mente, la OCU ha vuelto a solicitar al Gobierno que restablezca la ayuda por el achatarramiento de vehículos de combustible, con el propósito de aumentar la financiación final para la compra de coches eléctricos y fomentar la renovación necesaria del parque automovilístico español.

Asimismo, piden que se reintroduzcan las ayudas para la instalación de cargadores domésticos, priorizando especialmente a los hogares de bajos ingresos. En este sentido, es vital que se desarrolle una estrategia vinculante que abarque todas las comunidades autónomas, promoviendo una red pública de cargadores en las localidades y facilitando el acceso a la carga para quienes no disponen de plaza de aparcamiento.

Finalmente, la OCU también exige una mejora de la transparencia en la información al consumidor. Es fundamental que las marcas estén obligadas a ofrecer precios finales que integren todas las ayudas y deducciones, considerando factores como el precio del vehículo, el origen de la batería, y el tipo de motorización.

Entre sus últimas demandas, la OCU destaca la importancia de monitorizar las posibles prácticas de aumento injustificado de precios en los modelos que son objeto de subvención y aboga por incrementar los 400 millones de euros asignados al 'Plan Auto+', señalando que esta cantidad es claramente insuficiente y se agotará rápidamente si continúa el ritmo actual de ventas de vehículos eléctricos. En conclusión, la OCU hace un llamado urgente para dar espacios a políticas más efectivas que faciliten una transición real hacia la movilidad sostenible en el país.