Más de medio millón de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en lo que va de año debido a la violencia que azota el este de la República Democrática del Congo.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha dado luz verde para investigar las flagrantes violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en la región del este del Congo.

Según la ONU, la ofensiva lanzada por los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) ha dejado casi 3.000 muertos confirmados, aunque se teme que la cifra real sea aún mayor, admitió el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk.

El informe presentado durante una reunión extraordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU detalla que la ofensiva del M23, que tomó el control de la ciudad de Goma el 26 de enero, ha dejado al menos 2.880 heridos además de los fallecidos.

Turk ha advertido que la situación podría empeorar si no se toman medidas rápidamente, y ha acusado a Ruanda de apoyar al grupo rebelde M23 en sus ataques a civiles, incluso en zonas protegidas por el Derecho Internacional.

La escalada de violencia ha llevado a que medio millón de personas hayan sido desplazadas en lo que va de año, sumando un total de 6,7 millones de desplazados internos en el país, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Turk ha expresado su preocupación por la violencia sexual y ha mencionado el caso de un incendio en una prisión de Goma donde al menos 165 reclusas fueron violadas y muchas fallecieron posteriormente.

El Alto Comisionado ha pedido a todas las partes involucradas que depongan las armas y retomen el diálogo para evitar una espiral de violencia aún más devastadora para los civiles afectados.

La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU pide establecer una misión para investigar las graves violaciones de derechos humanos en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur en la República Democrática del Congo.

Esta misión se encargará de recopilar y analizar pruebas de los crímenes, incluyendo violencia sexual, para que los responsables puedan ser llevados ante la justicia y rendir cuentas por sus acciones.

Además, se solicita al Gobierno de Ruanda que respete la soberanía e integridad territorial de la República Democrática del Congo y retire sus tropas del territorio, y se propone establecer una comisión conjunta para trabajar en conjunto con la misión de investigación.