En un llamativo giro de los acontecimientos en España, el partido PACMA ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar un recurso de inconstitucionalidad en relación con la controversial modificación de la Ley de Desperdicio Alimentario. Esta modificación ha dado lugar a la desprotección del lobo ibérico, un emblemático representante de la fauna nacional, al eliminarlo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La demanda de PACMA se suma a una serie de solicitudes dirigidas a los miembros del PSOE, Sumar y al Defensor del Pueblo. Según el artículo 162 de la Constitución española, son pocos los que pueden presentar este tipo de recursos, limitándose a entidades como el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo y un número específico de diputados y senadores, así como a los órganos ejecutivos de las comunidades autónomas.

Pese a que PACMA, como partido sin representación parlamentaria, no tiene acceso directo al Tribunal Constitucional, ha apelado a Sánchez para que tome esta acción "por responsabilidad institucional, apego a la legalidad y un firme compromiso con la biodiversidad". Recuerdan que solo dos años atrás, en 2021, el propio gobierno socialista incluyó al lobo dentro del listado de especies protegidas, lo que contrasta con la reciente decisión.

El movimiento animalista se manifiesta enérgicamente contra lo que califica como una disposición "ilegal, arbitraria y extremadamente grave", argumentando que la aprobación de esta medida por parte del Congreso invadiría competencias que son exclusivamente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el organismo señalado para realizar modificaciones en el LESPRE.

Además, PACMA critica que la exclusión del lobo se llevó a cabo sin la existencia de informes técnicos ni participación pública, así como sin los dictámenes relevantes del Comité Científico o de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Desde la perspectiva del partido, este tipo de reformas representan un “peligroso precedente” que podría facilitar la posibilidad de legislar en contra de especies protegidas, sin el respaldo de evaluaciones científicas adecuadas.