En un avance significativo en la lucha contra la violencia de género, los partidos Sumar, ERC, PNV, Podemos y BNG han hecho hincapié en la necesidad de enriquecer el informe que propone la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Este documento fue aprobado recientemente por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, en la subcomisión de la Cámara Baja.

De acuerdo con el análisis al que ha tenido acceso Europa Press, Sumar ha presentado una serie de "mejoras técnicas" al informe, enfocándose en la incorporación de criterios que aborden las características de vulnerabilidad en la evaluación de riesgos en casos de violencia de género. Además, se propone que los planes de protección sean más inclusivos y eficaces al abordar estos factores.

El BNG, por su parte, ha llamado a incrementar considerablemente la inversión destinada a las entidades locales dedicadas a la atención de la violencia de género, solicitando un aumento de 40 a 80 millones de euros anuales en los próximos presupuestos. Además, pide que los recursos dirigidos a las comunidades autónomas se duplican, de 160 a 320 millones de euros anuales, asegurando que esta financiación se mantenga en incrementos futuros relacionados con los presupuestos estatales.

En la misma línea, Podemos ha exigido que el Pacto de Estado reconozca la violencia obstétrica y ajuste las medidas de protección para que sean equivalentes a las que reciben otras víctimas de violencia. Este grupo también ha subrayado la importancia de adaptar las medidas para mujeres que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, como aquellas migrantes, y ha abogado por incluir estrategias de mediación intercultural y un acompañamiento especializado.

El PNV se ha centrado en la importancia de una legislación robusta sobre la trata de personas, sugiriendo la necesidad de un sistema claro de acreditación para las entidades que trabajan en la atención a las víctimas. Esto incluye un enfoque en colaboración con organizaciones locales que puedan responder de manera más efectiva a las necesidades de las víctimas.

ERC ha manifestado sus preocupaciones respecto a que el actual Pacto no abarca todas las formas de violencia que sufren las mujeres, incluyendo la violencia institucional y la obstétrica. Según esta formación, la omisión de estos tipos de violencia es un error grave que limita la efectividad de las políticas públicas en materia de género.

En contraste, Vox ha sido el único grupo que se ha opuesto a la renovación del Pacto, argumentando que existen denuncias falsas que afectan negativamente a hombres inocentes. La formación critica la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sosteniendo que discrimina entre sexos y da la impresión de que todos los hombres son potenciales agresores, lo que según ellos, infringe el principio de igualdad ante la ley.

Vox también ha expresado su preocupación por las consecuencias de las denuncias infundadas, que, según ellos, deterioran las vidas de muchos hombres y tienen un impacto perjudicial en su relación con sus hijos. La formación denuncia, además, la ineficacia de las medidas del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como el uso de recursos públicos que consideran malgastados.

Este documento, que refleja un esfuerzo conjunto que comenzó en la legislatura anterior y se reactivó en mayo, incluye propuestas para la elaboración de una Ley Orgánica integral contra la trata y explotación de seres humanos, además de importantes modificaciones en la legislación existente para fortalecer la protección de las víctimas y testigos.

Entre las iniciativas planteadas, se destaca el reconocimiento de la violencia económica como una forma de violencia de género, así como la necesidad de sancionar a aquellos que utilicen tecnologías como los "deep fakes" para difundir imágenes o sonidos de manera perjudicial. Estas propuestas están encaminadas a crear un marco legislativo más robusto y efectivo en la lucha contra la violencia de género en todas sus manifestaciones.