La eurodiputada de Podemos e exministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado que su partido apoyará en el Congreso la convalidación del decreto del escudo social. Esta decisión llega a pesar de sus críticas hacia el Gobierno, al considerar que ha cometido una "chapuza" al separar la revalorización de las pensiones en un texto distinto y al acordar con el PNV la exclusión de propietarios que arrendan una sola vivienda de la moratoria contra los desahucios.

En una reciente entrevista emitida por 'TVE' y citada por Europa Press, Montero defendió que “Podemos va a estar presente” y subrayó su compromiso de apoyar el decreto, a pesar de que, según opinan, la protección actual ha disminuido. Su principal preocupación es salvaguardar los derechos de las personas más vulnerables frente a la crisis.

Esta semana, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, manifestó su indignación hacia el pacto entre el Gobierno y el PNV, que calificó de "pacto criminal" y que le genera "asco absoluto". La postura de Podemos ha puesto de manifiesto la tensión entre sus propuestas y las decisiones tomadas por el Ejecutivo.

A pesar del apoyo de Podemos, el futuro del decreto del escudo social es incierto, ya que Junts ha anticipado su rechazo al texto, un desafío que también comparten el PP y Vox. Montero advirtió sobre la precariedad de la situación actual y destacó que, si el Gobierno hubiera renovado el escudo social por cuatro años, como solicitaba su partido, se habría evitado este escenario de incertidumbre.

Durante su intervención, Montero también criticó la falta de dirección del Gobierno, que, a su juicio, actúa “como una veleta”, otorgando prioridad a negociaciones cambiantes con diferentes grupos parlamentarios en lugar de establecer un mensaje claro y contundente de protección social para la ciudadanía. “¿Gobernáis para agradar a Junts o al PNV, o para cuidar de la gente?”, cuestionó.

Montero insistió en que el problema detrás de estas decisiones es de carácter político y subrayó que la gestión actual del Gobierno podría estar alimentando el aumento de sentimientos de ultraderecha. En su opinión, la legislatura se encuentra en una etapa crítica, en la que los derechos de las personas son constantemente cuestionados bajo pretextos de técnica parlamentaria.

A pesar de estas reservas, Montero recordó que los dos decretos ya aprobados por el Consejo de Ministros deben ser ratificados por el Congreso en un mes. Si no logran esa convalidación, muchas familias quedarán desprotegidas ante la crisis.

Por otro lado, Montero destacó que Podemos no podrá darle su respaldo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 a menos que se cumplan sus condiciones, que incluyen la reversión del incremento del gasto militar y la regulación del precio del alquiler.

Ione Belarra, también en declaraciones recientes, ha criticado la decisión del Gobierno de "trocear" el decreto del escudo social, acusando a la administración de haber cedido ante la presión de la derecha. Aun así, ha reiterado que su partido votará a favor de las medidas, ya que son necesarias para la protección de las personas y familias vulnerables.

Previo a un encuentro con el sindicato CGT sobre el estado del ferrocarril en España, Belarra consideró que dividir el decreto fue un “error monumental”. La política enfatizó que esta división podría resultar en que "miles de personas terminen en la calle”, algo que generó un gran descontento en su partido, que defendió la importancia de las medidas que originalmente contenía el decreto.

Belarra también argumentó que la fragmentación del decreto lo complicaba más que facilitarlo, indicando que aceptar concesiones a la derecha podría llevar a un aumento en los desahucios. La dirigente de Podemos lamentó que, tras este cambio, Junts busque aún mayores desahucios y reafirmó que su formación fue la autora de esas medidas protectoras.

Finalmente, Belarra enfatizó la importancia de la movilización social para presionar a Junts a cumplir con sus responsabilidades, defendiendo que este tipo de presión política es esencial para llevar a cabo cambios significativos y proteger a las familias en riesgo.