En un giro inesperado en el debate universitario, el Partido Popular ha encendido la polémica al asegurar que la nueva ley propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, en busca de regular las prácticas académicas externas, podría declarar ilegal el desembolso de 20.000 euros que la Universidad Complutense de Madrid destina a la Real Academia de Ingeniería Española.

MADRID, 27 de mayo. En un contexto donde se busca garantizar la igualdad de acceso a las prácticas profesionales, voces de la oposición han manifestado su rechazo contundente a la iniciativa socialista. Según el diputado del PP Pedro Navarro López, esta ley es un ataque directo a la libertad universitaria y una amenaza para las colaboraciones entre instituciones educativas y privadas.

Navarro ha argumentado que la Complutense, al destinar fondos a la Real Academia para promover las vocaciones STEM entre las estudiantes, se encuentra en riesgo de desmantelar este esfuerzo si la ley avanza. "De aprobarse, la Complutense no podrá seguir apoyando estas valiosas iniciativas", subrayó el parlamentario.

El legislador del PP no se detuvo ahí, cuestionando la legalidad de otros acuerdos económicos, como los 110.000 euros que Google aporta a la universidad por un software, mientras que, según él, las contribuciones relacionadas con la propuesta socialista quedarían protegidas.

Un eco similar provino de Vox, donde el diputado Joaquín Robles López advirtió que la reforma busca asfixiar a las universidades privadas, disminuyendo su capacidad de colaborar con el sector privado y expandir su oferta educativa. "Este gobierno teme el crecimiento del sector privado y lo ha puesto en su punto de mira", afirmó.

Por su parte, el representante de Junts, Josep Pagès, criticó la excesiva regulación que, a su juicio, limita la autonomía de las comunidades autónomas en el ámbito de la investigación, proponiendo que la regulación se haga en el marco de la ley catalana.

Defendiendo la nueva legislación, el diputado del PSOE, Roberto García Moris, afirmó que la propuesta busca evitar la mercantilización de las prácticas académicas, asegurando que todos los estudiantes tendrán las mismas oportunidades sin estar condicionados por factores económicos. "Es un paso hacia la justicia en el acceso a la formación", sostuvo.

La propuesta socialista busca que las prácticas curriculares no impliquen pagos entre las universidades y las empresas, lo que permitiría que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a este tipo de experiencias profesionales. La intención es frenar el efecto que el poder financiero de algunas instituciones podría tener en la equidad educativa.

Además, la reforma también contempla cambios en la Ley de la Ciencia para adaptarse a nuevas realidades y fomentar la investigación y la innovación, permitiendo que tanto el Gobierno como las comunidades autónomas ejecuten proyectos piloto de I+D+I.

En el debate, la diputada de Sumar, Candela López, fue enfática al resaltar que ninguna universidad debería pagar por garantizar prácticas profesionales, advirtiendo que no se puede permitir que la educación pública quede en desventaja frente a modelos que priorizan la rentabilidad.

Desde ERC, Etna Estrems reafirmó el compromiso con el sistema universitario público, haciendo una crítica a las instituciones privadas que, según ella, carecen de los estándares de calidad necesarios.

Por su parte, EH Bildu declaró su apoyo a los principios fundamentales de la ley socialista, con la diputada Marije Fullaondo anunciando su intención de proponer enmiendas que mejoren la propuesta, mientras que el EAJ-PNV también mostró su disposición a considerar la iniciativa tras evaluarla en profundidad.

Aún así, Podemos no se opone a la tramitación de la ley, aunque su diputada Santana Perera expresó su descontento, llamando a la propuesta "una medida superficial" que no aborda suficientemente los problemas planteados.