El Congreso de los Diputados ha sido escenario de un intenso debate sobre la distribución de menores migrantes no acompañados, donde el PSOE y sus aliados han solicitado un esfuerzo conjunto para abordar esta situación, mientras que el PP ha criticado el plan, considerándolo un mero "parche".

Ángel Víctor Torres, titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha insistido en la necesidad de una "respuesta de Estado" frente a la crisis migratoria. Durante su intervención, pidió al PP que apoyara la propuesta de dividir la responsabilidad de cuidar a estos menores entre las comunidades autónomas, destacando que esta medida surge de un acuerdo entre el Gobierno y el partido Junts, y ha enfrentado la oposición de las autonomías gobernadas por los populares.

El marco legal que se debate consiste en un real decreto-ley diseñado para garantizar el interés superior de los menores en situaciones excepcionales de migración. Esta normativa modifica la Ley de Extranjería y establece criterios claros para la distribución de estos jóvenes entre las distintas regiones del país.

Durante la discusión, Torres instó a los representantes del PP a actuar de manera responsable, cuestionando cuál sería la alternativa si su partido decide tumbar la ley actual. En un esfuerzo por incluir a todos los grupos políticos, también hizo un llamamiento a Vox, aunque reconoció que su solicitud podría sonar ingenua.

Este debate llega tras el rechazo del año pasado, cuando la Cámara Baja no aprobó una propuesta para repartir a los menores migrantes, una medida que enfrentó la negativa del PP, Vox y Junts. Desde ese momento, el Gobierno ha estado dialogando con varios grupos parlamentarios para encontrar soluciones para las comunidades con una alta concentración de menores, como Canarias. Torres defendió que la propuesta actual es más exhaustiva que la presentada anteriormente.

Por su parte, Lux Andre Diouf, del PSOE, denunció cómo los menores migrantes han sido objeto de odio y xenofobia en tiempos recientes, criticando a Vox por alarmar a la sociedad con su narrativa sobre una crisis migratoria que, según él, no refleja la realidad. El PSOE, además, abogó por una gestión solidaria y colaborativa para acoger a estos menores, exhortando a los populares a no ceder ante la retórica racista.

La líder del PP, Ana Alós, descalificó la propuesta, acusando al Gobierno de eludir su responsabilidad en el cuidado de los menores solicitantes de asilo, que deberían haber estado en el sistema de protección desde un inicio. Alós calificó el reparto como una "chapuza administrativa" que no aborda las causas subyacentes del problema, como el control de fronteras y el enfrentamiento a las mafias de tráfico de personas.

Desde Vox, la portavoz Pepa Millán manifestó su rechazo total a la medida, señalando que, según su visión, esta acción solo fomentaría un "efecto llamada" y criticó lo que consideró un discurso "hipócrita" por parte de Torres. Millán instó al PP a no implementar políticas del PSOE en las regiones que gobierna su partido, argumentando que el reparto representaría miseria y degradación para la población española.

Vicenç Vidal, de Sumar, cuestionó las afirmaciones de Vox y condenó la deshumanización que, a su juicio, conlleva el uso de términos como MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). Para Vidal, esta terminología es racista y oculta la realidad de los derechos que tienen estos jóvenes. Además, criticó al PP por haberse comprometido con acuerdos poco éticos, pidiendo una regularización extraordinaria para más de medio millón de personas extranjeras.

Noemí Santana, de Podemos, destacó la incoherencia del PP, que cuando se trata de comunidades autónomas pone obstáculos para que los menores puedan vivir dignamente. Subrayó que estos son niños y niñas con sueños e historias, y que merecen ser tratados como tales, no como simples cifras.

Por otra parte, Josep Maria Cervera, de Junts, enfatizó la importancia del acuerdo con el Gobierno para mejorar la acogida y defender los derechos humanos en Cataluña. Junto a él, Jordi Salvador, de ERC, aplaudió el reconocimiento de la "excepcionalidad" de la situación catalana y acusó a los diputados de Vox de ser "hipócritas" en sus intervenciones.

Finalmente, otros representantes, como Cristina Valido del CC y Alberto Catalán de UPN, también criticaron al Gobierno por su gestión de los menores migrantes. Valido insistió en que el real decreto-ley no es suficiente para abordar la crisis en Canarias, mientras que Catalán cuestionó la falta de datos claros sobre el acogimiento y lamentó la parálisis de la Unión Europea en este asunto. Jon Iñarritu de EH Bildu cerró el debate expresando su frustración por la demora en tratar un asunto tan crucial y humanitario.