MADRID, 26 de diciembre.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado hoy que la Comunidad de Madrid enfrenta el riesgo de perder 17 millones de euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para el año 2025, debido a su falta de justificación de los fondos destinados para 2024.

Redondo enfatizó en un comunicado por video que “en este momento, Madrid no está justificando adecuadamente los recursos del Pacto de Estado para este año, lo que podría acarrear la pérdida de 17.085.000 euros para 2025”. Este mensaje resalta la importancia de la rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a combatir la violencia de género.

La ministra ha expresado su “preocupación” por la actitud de la Comunidad de Madrid, señalando que esta se ha dedicado a “incumplir y desobedecer sistemáticamente la ley”. Según Redondo, este comportamiento desleal no solo supone una traición a la legislación vigente, sino que también perpetúa la desigualdad, dejando a las mujeres madrileñas sin acceso a políticas de igualdad fundamentales.

Dirigiéndose directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Redondo ha insistido en la necesidad de que la líder del gobierno regional comprenda la gravedad de su inacción: “Está traicionando a la voluntad del pueblo y a las mujeres de esta comunidad”, ha subrayado.

A pesar de esta situación crítica, Redondo ha elogiado a la “inmensa mayoría” de las comunidades autónomas que están gestionando los fondos del Pacto de Estado de manera efectiva, impulsando así políticas públicas que fomentan la igualdad y la protección de las mujeres.

“Este es un esfuerzo colectivo y un compromiso estatal para construir una sociedad libre de violencia machista. Es una responsabilidad que todos debemos asumir”, ha afirmado la ministra, subrayando la urgencia de que todas las comunidades trabajen en conjunto hacia este objetivo común.

Hasta la fecha, de las 461 medidas establecidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se han activado 235, lo que representa un 51% de ejecución. Según la información del gobierno, el Ministerio de Igualdad tiene un papel central, gestionando 347 de estas medidas.

Del total de medidas bajo su autoridad, 211 son de su responsabilidad directa, de las cuales 113 ya han sido implementadas en 2023, logrando así un 54% de cumplimiento. El presupuesto asignado por este ministerio para su implementación supera los 53 millones de euros.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y el Instituto de las Mujeres son las entidades clave en la ejecución de estas estrategias, con la primera encargada de 159 medidas, de las cuales ha iniciado 90, así como otras ocho en colaboración con el Instituto, que se encarga de nueve medidas, tres de las cuales ya se han puesto en marcha este año.

Entre las iniciativas promovidas por el Ministerio de Igualdad están la creación de leyes para abordar la violencia vicaria, el aumento en la convocatoria de subvenciones para apoyar a mujeres y niñas víctimas de trata, y otras acciones destinadas a la correcta utilización de los fondos del Pacto de Estado por parte de todas las administraciones implicadas.

El Instituto de las Mujeres, por su parte, está impulsando una red de ‘Empresas por una sociedad libre de violencia de género’ y desarrolla una guía digital sobre buenas prácticas para una comunicación con perspectiva de género.

Además, el Ministerio de Igualdad resalta la colaboración interministerial en proyectos como el Proyecto de Ley sobre la protección de menores en entornos digitales, que involucra a varios ministerios y refleja un esfuerzo integral para abordar la problemática de la violencia en todos sus ámbitos.

Finalmente, el gasto total relacionado con la implementación de las medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de la Administración General del Estado ha superado los 82 millones de euros en 2025, además de los 200 millones transferidos a otras administraciones, 160 millones para comunidades autónomas y 40 millones para entidades locales, consolidando así el compromiso interpartidista con este importante acuerdo, respaldado por todas las formaciones políticas, excepto por Vox.