El 4 de enero, Rubén Pérez, el Secretario de Estado de Juventud e Infancia, comunicó que las 17 comunidades autónomas de España están progresivamente aceptando a menores migrantes no acompañados, incluso aquellas que han presentado demandas judiciales en contra de estas acciones.

Pérez afirmó en una entrevista con Europa Press que, a pesar de las objeciones legales, todas las comunidades han mostrado su disposición a acoger a estos jóvenes. Esto incluye a regiones que han llevado el asunto ante el Tribunal Constitucional, lo que demuestra una evolución en la implementación de políticas de acogida en el país.

En un fuerte posicionamiento, el Secretario de Estado criticó al Partido Popular (PP) por su postura, catalogando su comportamiento como una falta de respeto hacia los principios democráticos de sus propios orígenes. Según Pérez, las acciones legales del PP en relación con la reubicación de menores son un intento por desestabilizar políticas que buscan proteger a esta población vulnerable.

“La respuesta del PP no es fruto de un análisis objetivo, sino de una motivación política”, afirmó, argumentando que la gestión de 4,400 menores en una nación con 49 millones de habitantes no debe considerarse una carga, especialmente cuando el gasto en protección infantil está por debajo del 0.7% recomendado para la solidaridad internacional.

Pérez consideró que es vergonzoso que un partido que se dice herederos de la democracia cristiana se alíe con la extrema derecha, comprometiendo valores fundamentales. “Están traicionando una parte esencial de su historia que no debe ser olvidada”, enfatizó.

Además, el Secretario de Estado mencionó que, cuando una comunidad presenta resistencia a acoger a estos menores, las delegaciones del gobierno informan a la Fiscalía de Menores, asegurando que, al final, todas las comunidades terminan haciéndose cargo de los jóvenes, gracias al compromiso de los profesionales del sistema de protección.

Pérez también expresó su deseo de acelerar el proceso de reubicación, reconociendo que algunos menores ya han alcanzado la mayoría de edad y que otros han sido trasladados por el Ministerio de Inclusión debido a su condición de solicitantes de protección internacional.

De acuerdo con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hasta el 26 de diciembre, se habían iniciado 1,241 expedientes migratorios, resultando en 810 resoluciones finales que permitieron la reubicación de 368 menores. Esto sugiere que cerca de mil menores han sido trasladados en solo seis meses, un resultado significativo en este contexto migratorio.

El Secretario de Estado solicitó a las comunidades más recursos para asegurar una transición adecuada hacia la vida adulta de los menores tutelados, lamentando que algunos extutelados se encuentren viviendo en condiciones de exclusión social, como el caso de la Cañada Real Galiana.

“Es indignante que jóvenes que han estado en el sistema de protección terminen en estas condiciones”, subrayó Pérez, exhortando a las autoridades a canalizar de manera efectiva los recursos destinados a la protección de la infancia.

Mirando hacia el futuro, el Ministerio de Juventud e Infancia planea presentar un decreto en el próximo Consejo de Ministros que establecería estándares para el sistema de acogida y protección. Pérez advirtió que el sector atraviesa una precarización notable, poniendo en riesgo la seguridad y los derechos de los trabajadores que se dedican a estas tareas.

En este sentido, hizo un llamado a las comunidades autónomas para que incrementen su inversión en protección infantil, señalando que organizaciones como la FEPA están preocupadas por la desaparición de recursos en algunas regiones.

Pérez concluyó enfatizando que el "acogimiento familiar" debe ser una prioridad, aunque lamentó la estigmatización que enfrentan muchos menores migrantes. Subrayó la necesidad de implementar campañas de sensibilización para fomentar dicho acogimiento y criticó la falta de voluntad de algunos gobiernos autónomos a la hora de apoyar estas iniciativas.

“Hemos destinado 16 millones de euros para incentivar la acogida de familias, pero algunas comunidades, como la de Madrid, han obstaculizado estos esfuerzos al alegar que es su responsabilidad”, denunció Pérez, reafirmando la importancia de trabajar en conjunto para abordar esta problemática crucial.