En un significativo movimiento hacia la justicia internacional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en estrecha colaboración con la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, han decidido impulsar una nueva proposición legislativa que busca establecer un embargo total de armas a Israel. Se espera que esta propuesta sea discutida y aprobada en el Congreso en septiembre.

Fuentes cercanas a Moncloa y a la Vicepresidencia Segunda indicaron que la iniciativa será promovida a través de los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar, con la intención de que avance tras el receso veraniego. Esto subraya el compromiso de ambos líderes con una postura más ética respecto a la situación en el conflicto israelo-palestino.

La proposición legislativa, que recibió luz verde el pasado 20 de mayo, ya ha pasado por la fase inicial de consideración y se encuentra ahora en el proceso de enmiendas. Esto significa que, tras su tramitación, se podrá debatir y ajustar antes de su aprobación definitiva.

Con esta propuesta, España buscaría formalizar el embargo en su legislación, lo que significaría no solo limitar el comercio de armas con Israel, sino también extender esta medida a otros equipamientos de defensa y a la asistencia técnica proporcionada por las empresas militares israelíes. Se trata de un paso importante hacia la responsabilidad y cumplimiento de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Este esfuerzo por parte del Gobierno se suma a otras acciones tomadas desde el 7 de octubre de 2023, cuando se instauró un bloqueo comercial que impide tanto la compra como la venta de armamento a Israel. Además, España ha mostrado su compromiso al incrementar su apoyo financiero a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) y ha reconocido formalmente al Estado Palestino. Asimismo, ha respaldado acciones judiciales contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y promovido varias resoluciones en la ONU que claman por un cese al fuego incondicional.

Desde el Gobierno, han reafirmado que “el respeto al derecho internacional es el único camino viable”, subrayando así su obligación de actuar y defender estos principios. Ante la creciente incertidumbre en la región, este compromiso se presenta como un símbolo de esperanza para muchos que buscan una paz duradera y justa.