En Madrid, y en un contexto de importantes cambios en la financiación autonómica, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido en secreto dos reuniones estratégicas con Oriol Junqueras, el líder de ERC. Estas conversaciones, que precedieron a un encuentro público el 8 de enero en La Moncloa, han sido fundamentales para avanzar en un acuerdo que se considera clave para Cataluña.

Fuentes del Ejecutivo han confirmado la realización de estas sesiones privadas, aunque no han revelado ni las fechas ni los lugares donde se llevaron a cabo. La falta de transparencia en el proceso ha suscitado interrogantes sobre la dinámica del diálogo entre las partes, que, al parecer, se han llevado a cabo sin el conocimiento del gran público.

Junqueras, en una declaración reciente, justificó estas reuniones al afirmar que su único objetivo es el bienestar de Cataluña, incluso llegando a ofrecerse para reunirse en cualquier circunstancia necesaria. Esta postura refleja la urgencia y la importancia que se le otorga a las negociaciones en un contexto político tan complejo.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitó detallar la naturaleza de esas reuniones secretas, indicando que el Ejecutivo está comprometido con un "diálogo intenso" que a veces necesita mantener un perfil bajo. Aseguró que lo esencial son los acuerdos alcanzados y su comunicación clara.

Cuando se planteó la posibilidad de que Sánchez hubiera mantenido encuentros similares con otros líderes independentistas, como Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi, el Gobierno desestimó tales afirmaciones, enfatizando que el presidente no ha tenido reuniones con ellos en el pasado.

Después del encuentro en Moncloa, Junqueras celebró que, gracias al nuevo modelo de financiación, Cataluña obtendrá 4.700 millones de euros extra, garantizando así una posición más justa en términos de aportaciones y beneficios. Este avance se enmarca en un sistema que reconoce el principio de ordinalidad, asegurando que Cataluña ocupa un lugar central en las negociaciones financieras.

Al día siguiente, María Jesús Montero, vicepresidenta primera, presentó la propuesta del Gobierno, que plantea una inyección de 20.000 millones de euros para todas las comunidades autónomas. Aunque se respeta el principio de ordinalidad en el caso de Cataluña, su aplicación no será garantizada para comunidades como la Comunidad de Madrid, lo que podría generar debates sobre equidad en la distribución de recursos.