Fecha: 13 de febrero de 2024. Madrid se encuentra en el centro de un nuevo conflicto en el ámbito de la defensa, tras la decisión de Santa Bárbara Sistemas, filial europea de General Dynamics, de presentar un recurso ante el Ministerio de Defensa. Esta acción demanda la anulación de la adjudicación de contratos de artillería en rueda y cadenas, que han sido otorgados a la unión entre Indra y Escribano por un valor que asciende a 7.240 millones de euros.

El recurso formal, presentado el 22 de enero, ha sido dirigido a la Subdirección de Adquisiciones de Armamento y Material. Según las normativas, esta dependencia del Ministerio tiene un plazo de tres meses para contestar, lo que significa que la respuesta deberá ser emitida antes del 22 de abril. En caso de no recibir respuesta, Santa Bárbara podría llevar el asunto a los tribunales, buscando impugnar la adjudicación en el Tribunal Supremo.

Además, la empresa ha solicitado medidas cautelares que también deben ser resueltas antes de la fecha límite del 22 de abril. Esto significa que Santa Bárbara no solo busca una respuesta administrativa, sino que se está preparando para una posible batalla judicial sobre la adjudicación de los contratos de artillería, una lucha que comenzó el pasado diciembre con la presentación de un recurso contencioso-administrativo relacionado con préstamos millonarios otorgados para estos proyectos.

El Tribunal Supremo, que está revisando el recurso, aún no se ha pronunciado sobre la demanda de Santa Bárbara para suspender los préstamos de 3.000 millones de euros que el Gobierno concedió a la unión de Indra y Escribano para la financiación de los programas. Aunque inicialmente el recurso estaba centrado solo en los contratos de artillería, parece que la situación podría extenderse para abarcar otros créditos concedidos para modernización militar.

El Gobierno español ha ofrecido en total 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a varias empresas para adelantar la modernización militar, incluyendo a Santa Bárbara en la lista de beneficiarios con un préstamo de 176 millones para actualizar los blindados Pizarro. Esto resalta la preocupación del sector acerca de la competitividad y la equidad en las licitaciones de defensa.

Santa Bárbara argumenta que, al no haber sido incluida en el proceso de licitación, se ha evadido una concurrencia adecuada, lo que compromete las oportunidades de seleccionar la opción más beneficiosa para el sector público. Alejandro Page, director general de Santa Bárbara, ha expresado descontento en días recientes respecto a la falta de alternativas y su firme deseo de alcanzar un entendimiento con el Ministerio.

La situación toma un nuevo giro con la inminente llegada de Benjamín León, el nuevo embajador de Estados Unidos en España, quien se reunirá con autoridades locales y contará con el difícil reto de mediar entre las partes. León, con un enfoque claro, busca no solo elevar el gasto en defensa español al 5% del PIB, sino también encontrar soluciones a las tensiones existentes en la industria militar.

Su tarea no será sencilla, especialmente en el contexto de la necesidad de apoyo estadounidense frente a los retos de modernización de defensa en Europa. Las conversaciones indican que podría haber espacio para que Santa Bárbara asuma un rol en los programas de artillería, quizás participando en la manufactura, lo que podría ser una salida favorable para todas las partes involucradas.

En el mismo sentido, León tiene agendados encuentros con empresas estadounidenses y españolas que operan en el ámbito de la defensa, incluyendo a Indra, que está comprometida en conversaciones estratégicas con empresas extranjeras como Rheinmetall y Hanwha para avanzar en estos proyectos de artillería.