Acusaciones de malversación se han formalizado contra Cristina Álvarez, actual asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, por presuntamente dedicar su tiempo laboral a actividades personales en beneficio privado. La organización Hazte Oír ha instado al juez Juan Carlos Peinado a abrir una investigación sobre el patrimonio de Álvarez desde su nombramiento en julio de 2018.

En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita al magistrado que requiera a la Agencia Tributaria la información sobre las declaraciones de la renta de Álvarez desde 2018 hasta el presente, con el fin de esclarecer la naturaleza de sus actividades laborales y sus implicaciones fiscales.

Este escrito ha sido presentado ante el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid y se enmarca en un proceso donde se ha indicado que, en caso de juicio, los acusados, que incluyen a Gómez y Álvarez, serán juzgados por un jurado popular, involucrando a ciudadanos de a pie en el proceso legal.

Las acusaciones no solo demandan la declaración del presidente Pedro Sánchez como testigo, sino que también han solicitado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, así como su sucesor, Judit González, sean llamados a testificar. Se busca esclarecer el nivel de supervisión y consentimiento que Sánchez pudo haber tenido respecto a las actividades de Álvarez, así como la gestión de recursos públicos que presuntamente se han desviado hacia fines privados.

Se sostiene que Álvarez ha estado utilizando su horario laboral, de lunes a viernes, para llevar a cabo tareas que benefician exclusivamente a Gómez, lo que se considera una "malversación continuada" que afecta gravemente al erario público. Según las cifras aportadas por las acusaciones, el perjuicio económico causado asciende a 320.834 euros, correspondiente a su salario desde su designación.

Argumentan que el comportamiento de Álvarez se traduce en un uso ilegítimo del tiempo laboral y que durante años, ha estado involucrada en asuntos privados en lugar de cumplir con sus responsabilidades oficiales en la sede del Gobierno.

El documento elaborado por las acusaciones también considera que la conducta de Gómez es indicativa de un intento deliberado de utilizar recursos estatales para beneficio personal, y que ella era plenamente consciente de la línea que separa su obligación pública de su actividad privada.

Asimismo, se señala la implicación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien, como número dos de Bolaños, habría consentido el establecimiento de este patrón de desvío de recursos públicos. Las acusaciones sugieren que el uso de estos recursos para fines privados tiene que ser investigado a fondo, dada su gravedad.

La persistencia y magnitud de los recursos desviado refuerzan las demandas contra Álvarez y Gómez, evidenciando un patrón de uso indebido de fondos públicos, tal y como se detalla en el Código Penal. Este caso pone de relieve la importancia de la rendición de cuentas en las instituciones públicas y el uso adecuado de los recursos del Estado.

Finalmente, las acusaciones subrayan que Álvarez fue nombrada para llevar a cabo tareas logísticas y organizativas relacionadas con la atención a la esposa del presidente, pero su desempeño no ha sido acorde a lo esperado, lo que lleva a cuestionar severamente su régimen de trabajo en Moncloa y la naturaleza de sus responsabilidades.