En Madrid, este 23 de septiembre, a las 12:00 horas, se llevará a cabo una importante concentración frente al Congreso de los Diputados, convocada por la organización internacional Brave Movement y destacados activistas comprometidos con la defensa de los derechos de las víctimas de abusos sexuales. Entre los asistentes se encuentran Miguel Hurtado, el primer denunciante del conocido caso Montserrat, así como los sobrevivientes Matthew McVarish y Mie Kohiyama, quienes buscan que se eliminen los plazos de prescripción para los delitos de pederastia.

Los organizadores de la manifestación subrayan que el pasado junio, diversos partidos, incluyendo PP, PSOE, Sumar, Podemos, entre otros, se unieron para respaldar una directiva europea que propone la erradicación de los plazos de prescripción en casos de abuso sexual infantil. Sin embargo, en el contexto español, cuestionan la falta de avances en esta materia al señalar que la propuesta de ley de imprescriptibilidad ha estado detenida en el Congreso durante un año por múltiples prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas, principalmente propiciadas por los partidos en el poder, PSOE y Sumar.

Ante esta situación, los activistas consideran urgente que tanto el Gobierno como el Parlamento actúen con "coherencia y responsabilidad", defendiendo en todos los foros su compromiso con la eliminación de la prescripción de estos delitos. Asimismo, instan al Gobierno español a abogar con firmeza por esta causa en las negociaciones europeas, asegurando que no es necesario esperar a que finalice el proceso en Bruselas para que el Congreso tome medidas al respecto.

Para impulsar este cambio legislativo, proponen dos vías: contar con el respaldo del bloque de investidura, aunque esto se ve amenazado por la "indecisión" del PNV, o alcanzar un consenso entre PSOE y PP similar al acuerdo de reforma del artículo 49 de la Constitución, que se logró esta legislatura.

Los activistas destacan que la decisión que tomen ahora el PP, el PSOE y el PNV es crucial, ya que podría colocar a España como el decimosexto país de la UE en adoptar una ley de imprescriptibilidad en delitos de pederastia, siguiendo ejemplos de naciones como Irlanda y Bélgica.

Aunque la reforma no tendría efecto retroactivo, los grupos de defensa de los derechos de los sobrevivientes argumentan que ofrecería una reparación simbólica significativa al eliminar la impunidad para los agresores, sosteniendo que esto es vital para evitar que estos crímenes vuelvan a ocurrir en el futuro.

Según Miguel Hurtado, la negativa a implementar esta norma, después de haberse apoyado su introducción en el Parlamento Europeo, solo contribuiría a socavar la confianza en las instituciones democráticas. En este sentido, Matthew McVarish recordó su experiencia personal, apuntando que, a pesar de haber sido víctima de abuso en Escocia, donde no hay plazos para procesar a los delincuentes sexuales, lamenta que, si hubiera padecido lo mismo en España, los agresores seguirían libres.

Por su parte, Mie Kohiyama enfatizó que establecer la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores es esencial para garantizar a las víctimas su derecho a la justicia, ya que el trauma y la presión de los agresores, que a menudo forman parte de su entorno familiar, pueden retrasar años la denuncia de estos crímenes.