
La huelga de funcionarios ha provocado la suspensión de la declaración del empresario y antiguo dirigente de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) David Madí en relación a una investigación por presuntas adjudicaciones irregulares de contratos a la empresa Ambulancias Egara por parte de la Generalitat de Cataluña. El caso forma parte de lo que se conoce como el 'caso 3%' y ha sido aplazado en dos ocasiones antes de su suspensión actual.
El juez ya interrogó en abril al propietario de Ambulancias Egara, Oscar Simón, quien reconoció haber mantenido contactos con Madí, pero negó cualquier irregularidad en la adjudicación de contratos públicos. Ese mismo día, el empresario Juan Alberto Arqués también fue interrogado como investigado.
Si la huelga lo permite, el instructor tiene previsto escuchar a partir del 13 de junio a los empresarios Fermí Ferrán y Alejandro García-Gascón como investigados. El juez imputó a todos ellos por petición de la Fiscalía Anticorrupción, basándose en el atestado policial y las entradas y registros previos en la sede de la empresa sanitaria.
Las investigaciones se centran en la adjudicación de tres lotes del concurso sanitario de Cataluña en 2015 a una unión temporal de empresas, de la que formaba parte Ambulancias Egara. El juez ordenó entradas y registros en la sede de la compañía y en una consultora de Barcelona en busca de documentación que respalde las sospechas de irregularidades durante el mandato de CDC.
Madí, que fue condenado en 2022 por su participación en una trama de facturas falsas en 2011, actuando como cooperador necesario para defraudar a Hacienda. La sentencia lo condenó a 14 meses de prisión y una multa considerable.
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