En el marco de una investigación judicial en curso, el representante legal de Telefónica compareció este miércoles como testigo, exponiendo que la empresa invirtió cerca de 50.000 euros en capital humano en un proyecto educativo.

Este testigo reveló en los juzgados de Madrid que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comunicó con Rosauro Varo, un empresario y accionista de Telefónica, con el fin de promover la participación de la compañía en el desarrollo de un software para la Universidad Complutense de Madrid.

Según informaron fuentes jurídicas a Europa Press, el testimonio del representante legal se dio ante el juez Juan Carlos Peinado, quien está al frente del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La investigación avanza en relación a Gómez, quien enfrenta acusaciones que incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

El testigo aseveró que, en diciembre de 2021, Begoña Gómez realizó al menos dos llamadas a Varo para buscar el apoyo de Telefónica en la creación del software relacionado con la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la mencionada universidad.

Durante las reuniones referidas, al menos una de ellas contó con la presencia de Gonzalo Martín-Villa, quien en ese momento ocupaba el cargo de consejero delegado de Telefónica IoT & Big Data Tech. Esto deja entrever el nivel de involucramiento de la compañía en el proyecto.

El representante de Telefónica detalló que el software en cuestión sería propiedad de la Universidad Complutense y que la aportación de la empresa se realizó en términos de mano de obra, destinando a tres personas específicamente para el desarrollo del programa. Este enfoque en la inversión en recursos humanos, en lugar de en capital monetario directo, es un aspecto destacado por el testigo.

A pesar de que se esperaba la comparecencia de representantes legales de otras empresas como Google Spain, Indra y Arsys Internet, la sesión se limitó únicamente al testimonio de Telefónica debido a problemas técnicos y a la no idoneidad del representante de Indra, según el juez.

El informe de Indra al juez indica que la empresa invirtió 128.442 euros en el software, mientras que Google comunicó recientemente una inversión de 110.000 euros al juzgado, mostrando así el interés y la implicación de grandes corporaciones en este proyecto educativo.

Otro testimonio que no pudo llevarse a cabo fue el de Elvira Sánchez Trompeta, exjefa del régimen administrativo del Ayuntamiento de Madrid, debido a errores administrativos en la citación, lo que pone de relieve los complicados entresijos de esta investigación.

Aun así, sí prestaron declaración hoy Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, quienes fueron vicerrectores de la UCM. Ambos ya habían comparecido anteriormente y este miércoles ratificaron que no tenían competencias sobre las finanzas de la cátedra dirigida por Gómez, lo que podría complicar aún más la situación de la investigada.

Las citaciones fueron emitidas tras una ampliación de la investigación en octubre, cuando el juez decidió indagar en una querella presentada por Hazte Oír, que denuncia apropiación indebida del software y posibles irregularidades en la contratación del mismo.

La defensa de Begoña Gómez, liderada por el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que la firma de Gómez en los documentos técnicos fue resultado de instrucciones explicitas de la Complutense. Además, el abogado presentó correos como evidencia que, según él, demostrarían que la UCM orientó a Gómez sobre cómo realizar el registro de un dominio web relacionado.

En una declaración reciente en diciembre, Gómez rechazó, ante cuestionamientos de su abogado, haber tenido intención de apropiarse de las marcas o el software, insistiendo en que el financiamiento había sido proporcionado por empresas y que no buscaba lucro alguno, según lo afirmado por fuentes jurídicas.