En Madrid, la incertidumbre se cierne sobre los empleados de Telefónica mientras la compañía se prepara para anunciar la magnitud de un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a diversas filiales, entre ellas Telefónica de España y Movistar+. Según fuentes sindicales que hablan con Europa Press, los detalles se revelarán entre el 24 y el 25 de noviembre.

El lunes próximo, la empresa desvelará su propuesta de ERE que concierne a sus tres sociedades asociadas en el convenio colectivo. Un día más tarde, se darán a conocer las intenciones de la empresa para otras cuatro divisiones. Este nuevo ajuste laboral llega en un momento de cambios profundos en el sector y ha suscitado preocupación entre los trabajadores.

De acuerdo con las proyecciones actuales, el número de despidos podría oscilar entre 6.000 y 7.000 empleados en total, aunque estas cifras pueden modificarse a medida que avancen las negociaciones. Esta posible reestructuración también marca un reflejo de la situación crítica que enfrenta la compañía en un entorno económico incierto.

El sindicato UGT ha manifestado su compromiso de negociar de manera honesta y constructiva, subrayando la importancia del diálogo en este proceso tras la comunicación oficial recibida por los sindicatos más representativos de la empresa. La situación se complica con el recuerdo de un ERE anterior que implicó la salida de más de 3.400 trabajadores, un número inferior a las bajas inicialmente propuestas.

Los costes del despido colectivo del año anterior resultaron significativos, alcanzando alrededor de 1.300 millones de euros. Aunque la media de indemnización fue de aproximadamente 380.000 euros por trabajador, esta cifra representa un ahorro considerable en comparación con las salidas anteriores. Sin embargo, el impacto de estas decisiones no se siente solo en el presente, ya que el ahorro anual estimado para la empresa es de 285 millones de euros.

Este nuevo ERE se inscribe dentro de un plan estratégico más amplio que la empresa presentó a principios de noviembre. Se prevé que el plan busque ahorros de hasta 3.000 millones de euros para 2030, de los cuales una parte significativa proviene de ajustes relacionados con el personal. En este sentido, el CEO de Telefónica, Emilio Gayo, enfatizó la necesidad de involucrar a los representantes de los trabajadores en cualquier decisión que concierna a la plantilla.

La reciente comunicación sobre el ERE se está realizando con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de que concluya el ejercicio fiscal actual, evitando así que sus efectos repercutan en las cuentas del próximo año. Sin embargo, esta situación ha llevado al ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a manifestar que cualquier ajuste debe llevarse a cabo en conjunto con los sindicatos y en el marco de un proceso consensuado.

Con el Gobierno poseyendo un 10% de Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), las decisiones de la compañía no solo impactan a los empleados, sino que también generan implicaciones a nivel gubernamental y social. La presión para encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el bienestar de los trabajadores es cada vez más evidente en este contexto crítico.