El debate sobre la posible reducción de la jornada laboral se encuentra en una encrucijada, especialmente ante la acusación de que el Ministerio de Economía está obstaculizando la inclusión de este fundamental texto en la agenda de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, programada para el 13 de enero.

Este bloqueo podría provocar que la reducción de la jornada, planteada para el año 2025, no vea la luz, a pesar de que el Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Yolanda Díaz, había prometido avanzar en esta medida tan esperada. Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, el ministro Carlos Cuerpo está ejerciendo una influencia significativa que impide que la propuesta llegue al Consejo de Ministros y que se inicien los trámites urgentes necesarios para su aprobación antes de final de año.

De acuerdo a un documento al que ha accedido Europa Press, la Cdgae ha rechazado que se debata el texto de la reducción de jornada en la citada reunión de enero, argumentando que la considerable repercusión económica de esta medida y su complejidad requieren un tratamiento en el marco del procedimiento ordinario y a través de un grupo de trabajo designado dentro de la comisión.

El mismo documento sugiere que la propuesta podría considerarse para la reunión del 27 de enero, aunque no esclarece si esto se llevará a cabo. Esta situación implica que la iniciativa no podrá ser presentada en el Consejo de Ministros en su primera ronda, dado que se está gestionando como un proyecto de ley y, por lo tanto, debe ser considerado en dos ocasiones por el Consejo, además de que, a través del trámite de urgencia, se esperan plazos más reducidos para su implementación antes de que concluya el 2025.

La propuesta de reducir la jornada laboral a 37,5 horas ha estado en discusión con los agentes sociales desde comienzos de este año, representando un compromiso clave en el pacto entre PSOE y Sumar dentro del Gobierno de coalición. Después de un largo proceso de negociación de 11 meses, en diciembre, la ministra de Trabajo selló un acuerdo exclusivo con las organizaciones sindicales tras el rechazo de la CEOE a la reducción de la jornada laboral a través de ley, lo que llevó a iniciar el procedimiento para presentar esta medida en el Congreso de los Diputados.

En paralelo a estas negociaciones, el Ministerio avanzó la propuesta de ley, pero cuando la patronal confirmó su oposición definitiva en noviembre, los ministros de Economía, Hacienda y Seguridad Social plantearon dos objeciones significativas: la primera, en relación a la forma en que se compensarían las jornadas parciales, en donde abogan por ajuste de tiempo en lugar de de remuneración; y la segunda, sobre el calendario de implementación, pidiendo aplazar su aplicación hasta 2026.

Ante esta situación, el Ministerio de Economía ha estado utilizando la Cdgae como un medio para frenar el inicio del procedimiento de la reducción de la jornada, denuncian las fuentes del Ministerio de Trabajo.

El avance del proyecto de ley podría retrasarse aún más, pues el Ministerio ha subrayado que la negativa inicial de la Cdgae a presentar el texto en la reunión del 13 de enero implicaría que la medida llegaría fuera del periodo de sesiones, aunque queda la posibilidad de que sea discutida en la comisión del 27 de enero. En el mejor de los escenarios, si el 27 se tomara la decisión de avanzar, el proyecto se presentaría ante el consejo de secretarios de Estado justo antes de llegar al Consejo de Ministros para su primera consideración.

Para que esta norma avance y se dé el 'visto bueno' en el Consejo de Ministros, es crucial que todos los ministerios implicados y otros organismos, como el Consejo Económico y Social, participen en la recabación de información necesaria. Si todo marcha favorablemente, la medida podría estar nuevamente en el Consejo de Ministros para su segunda consideración en septiembre, marcando el comienzo de su tramitación parlamentaria.

A pesar de estos obstáculos y la complejidad del calendario, desde el Ministerio de Trabajo se muestra firme en la convicción de que existe la posibilidad de aprobar la ley antes de que finalice el año, subrayando que su éxito dependerá de la disposición de los diferentes ministerios del PSOE para sacarla adelante. Además, insisten en que la resistencia a la norma no se debe a problemas de apoyo político en el ámbito parlamentario, sino que acusan al Ministerio de Economía de alinearse con las críticas provenientes de la CEOE.