El próximo martes, el Ministerio de Trabajo y Economía Social de España formalizará un acuerdo con los sindicatos que marcará un hito en la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, un cuerpo normativo que ha estado vigente durante tres décadas.

A finales de noviembre, después de un arduo proceso de casi 20 meses, la mesa de negociación tripartita, que incluía a la CEOE y Cepyme junto con los sindicatos, se cerró. La demanda de una postura más constructiva por parte de los empresarios fue rechazada, lo que llevó al Ministerio a concentrarse únicamente en las conversaciones con CCOO y UGT, culminando en un acuerdo que se reveló a finales de enero.

La firma del acuerdo está programada para las 12:30 horas y contará con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio.

Esta ley tiene como objetivo introducir regulaciones más robustas que aborden riesgos laborales, incluyendo agentes cancerígenos, biológicos y químicos, además de mejorar la información y el registro de accidentes laborales y enfermedades profesionales.

Uno de los cambios más significativos consiste en fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, asegurando que se contemple una perspectiva de género que permita abordar las necesidades específicas de colectivos en riesgo, particularmente mujeres trabajadoras.

El anteproyecto de modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales fue presentado al público en enero y tiene como meta actualizar la normativa de 1995. Se busca aumentar la visibilidad de riesgos emergentes asociados con factores psicosociales, el trabajo a distancia y el impacto del cambio climático, componentes que han tomado mayor relevancia en el entorno laboral actual.

Además, se integrarán las cuestiones de edad y diversidad generacional en la gestión de riesgos laborales, con la intención de asegurar que el entorno laboral se adapte a la evolución de las capacidades psicofisiológicas de los trabajadores.

La reforma también se propone proteger de manera más efectiva a las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia, así como prevenir accidentes y enfermedades a través de una mayor sensibilización sobre riesgos psicosociales y ergonómicos en los lugares de trabajo.

Asimismo, se prevé crear figuras de agentes territoriales de prevención para mejorar la seguridad en centros laborales sin representación sindical, lo que tendrá un impacto positivo en las pequeñas y medianas empresas.

Otros objetivos incluyen potenciar las entidades acreditadas como servicios de prevención y revisar la capacitación de quienes desempeñan funciones en esta área, buscando estándares más altos.

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo indican que, entre enero y noviembre de 2025, 686 trabajadores perdieron la vida en accidentes laborales, lo que supone una disminución notable en comparación con el año anterior.

El informe detalla que los infartos y derrames cerebrales fueron las causas más comunes de estas tragedias, seguidas de caídas y accidentes de tráfico, resaltando la importancia de mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.

El descenso en el número de accidentes mortales en jornada laboral se sitúa en un 8,2% hasta noviembre de 2025, mientras que los accidentes 'in itínere' también mostraron una leve reducción, lo cual es un indicador positivo, aunque debe mantenerse la vigilancia.

Sin embargo, el sector de la construcción evidenció un alarmante aumento del 21,9% en accidentes fatales, lo que subraya la necesidad urgente de atención y medidas más efectivas en este ámbito.

La estadística de accidentes laborales muestra una disminución general en la incidencia de accidentes, aunque también revela un panorama complejo con variaciones significativas entre sectores, recordándonos la importancia de implementar cambios robustos y específicos a través de la nueva normativa.