GRANADA, 7 de enero.

En un giro significativo y de gran relevancia social, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada ha decidido, en la noche de ayer, suspender de manera provisional la orden de restitución dictada por la Corte de Apelación de Cagliari, Italia, respecto al hijo menor de Juana Rivas. Esta decisión se toma en el contexto de un caso que ha suscitado una intensa preocupación pública y política, donde la madre fue condenada en 2017 por haber sustraído a sus dos hijos, aunque posteriormente recibió un indulto parcial por parte del Gobierno. Este fallo pretendía que el menor regresase a vivir con su padre, Francesco Arturi, quien ha sido nuevamente denunciado por Rivas por presuntos delitos de coacción y amenazas dirigidas hacia el mismo niño.

La Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado a conocer que la acción del juzgado fue motivada por el pedido expresado tanto por la madre como por el fiscal, alertando sobre el inminente regreso del menor a la custodia de su padre, previsto para este miércoles. La decisión de esta suspensión busca, ante todo, la protección del menor, evidenciando la necesidad de priorizar su bienestar en medio de un contexto tan delicado.

Antes de llegar a esta resolución, la jueza de guardia y el fiscal llevaron a cabo una exploración del menor en instalaciones judiciales, donde se escucharon sus inquietudes. Posteriormente, la juez se inhibió en favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número dos de Granada, que ahora debe evaluar si corresponde a ese tribunal asumir el caso. Este procedimiento es especialmente relevante ya que está vinculado a una denuncia presentada por la madre, que aunque actualmente está archivada, sigue siendo objeto de un proceso de apelación que podría reabrir el caso.

Juana Rivas había solicitado medidas de protección internacional para su hijo menor, con el objetivo de evitar que regresara al lado de su padre tras las vacaciones navideñas en España. Esto se ha visto en el marco de la inhibición del Juzgado de Primera Instancia número 10 a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, donde se tramita una denuncia de violencia de género contra Francesco Arcuri, lo que ha llevado a la madre a buscar medidas cautelares para proteger la seguridad del menor.

El equipo legal de Aránguez Abogados ha manifestado su preocupación, subrayando que habían tomado la iniciativa de dirigirse a la Fiscalía de Granada, ya que no lograron las medidas cautelares con el primer juzgado. Según su perspectiva, el niño se encuentra en una situación de claro riesgo y se ha solicitado con especial énfasis que sea escuchado, dado el contexto de amenazas en su contra.

Poco después de las seis de la tarde, los abogados decidieron presentar un nuevo escrito ante el Juzgado de Guardia, insistiendo en la necesidad de escuchar la voz del menor. Este clamor surge de la frustración por la falta de atención que sentían desde el Juzgado de Primera Instancia número 10, que se inhibió sin adoptar medidas concretas que podrían resguardar la integridad del niño, y frente al apoyo del fiscal que aboga por acciones que prioricen el interés superior del menor.

Desde el punto de vista de los juristas, resulta “absolutamente inadmisible” que en un Estado Social y Democrático de Derecho, un niño tema por su vida y que las autoridades judiciales no se dignen siquiera a prestarle atención. Destacan que este niño, que está a punto de cumplir once años, jamás ha tenido la oportunidad de ser oído por un juez en España, a pesar de los graves acontecimientos que ha narrado.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía informan que el Juzgado de Primera Instancia número 10 decidió inhibirse en favor de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, en referencia a la solicitud presentada por la madre de Maracena para que se enteren de una medida de “no regreso”, que impida que el menor vuelva a Italia con su padre. Este movimiento es indicativo de un escenario en el que prevalecen procedimientos que buscan la protección institucional del menor.

Finalmente, el Juzgado de Violencia de Género archivó la demanda presentada por la representación legal de la madre. Sin embargo, el procedimiento sigue avanzando, ya que la resolución de archivo ha sido impugnada, lo que significa que la cuestión aún no se considera cerrada y se mantiene en juego la búsqueda de justicia para este menor y su familia.