MADRID, 22 de abril.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su descontento con el Tribunal Supremo en una serie de comentarios hechos en su plataforma Truth Social este domingo. Acusa a los jueces de bloquear sus esfuerzos por deportar a extranjeros que señala como criminales, alegando que están "aterrorizados por la izquierda radical". Su crítica se produce tras la decisión del tribunal de suspender de manera inmediata las deportaciones bajo la controversia Ley de Enemigos Extranjeros.

Trump, mostrando una mezcla de indignación y desafío, afirmó que, aunque su equipo está desempeñando un trabajo notable, se enfrenta continuamente a obstáculos, incluyendo la intervención del Tribunal Supremo. “Me sorprende que no deseen que regrese a los delincuentes violentos y terroristas a su país de origen, especialmente aquellos que han entrado aquí de forma ilegal”, enfatizó.

Además, Trump ha expresado su apoyo hacia el juez conservador Samuel Alito, quien ha calificado la suspensión de las deportaciones como "cuestionable y sin precedentes". Según Trump, Alito está en lo correcto al abogar por la reanudación de estas expulsiones, insistiendo en que la seguridad del país depende de hacer frente a aquellos que considera criminales.

Durante sus declaraciones, subrayó la complejidad del sistema judicial, indicando que “no podemos juzgar a cada individuo”, lo que, en su opinión, implicaría un proceso judicial que tomaría dos siglos. Criticó la situación actual como “ridícula”, destacando la prisa por actuar ante una supuesta crisis migratoria.

La decisión del tribunal de detener temporalmente las deportaciones afecta especialmente a los venezolanos en el centro de detención de Bluebonnet, en el norte de Texas, quienes están acusados de formar parte del grupo Tren de Aragua. Esta medida fue el resultado de un litigio de emergencia presentado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que respondió a la inminente expulsión de estos individuos.

La Administración de Trump ha tomado la decisión de catalogar al Tren de Aragua como una organización terrorista, utilizando así la antigua Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa con raíces en el siglo XVIII, diseñada para situaciones de guerra. Sin embargo, se ha aplicado de manera controvertida en este caso, expulsando a migrantes identificados como miembros de este grupo sin seguir procedimientos regulares.

Aunque esta ley ha sido usada muy pocas veces en la historia de Estados Unidos, su invocación por la administración pasada ha generado un intenso debate sobre los derechos de los migrantes y el uso del poder ejecutivo en la implementación de la política de inmigración.