En una acción provocadora, Estados Unidos ha decidido imponer un arancel adicional del 40% a los productos importados desde Brasil, lo que eleva el gravamen total al 50%. Esta medida se justifica por la administración de Biden como una respuesta a las políticas recientes del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, centrándose especialmente en el juicio que enfrenta el expresidente Jair Bolsonaro, al que se le acusa de ser objeto de un procesamiento político.

Un comunicado de la Casa Blanca argumenta que las acciones del gobierno brasileño representan una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad nacional, especialmente en lo que respecta a la política exterior y la economía estadounidense. Esta decisión subraya la preocupación de Estados Unidos por cómo se manejan los derechos y las libertades en Brasil.

La tensión entre ambos países se intensificó cuando, el 9 de julio, el presidente Donald Trump había advertido sobre la posibilidad de elevar los aranceles hasta el 50%, con el objetivo de que esta norma estuviera en vigor desde el 1 de agosto. Esta estrategia se considera parte de un enfoque más agresivo hacia el comercio internacional en medio de un clima geopolítico cada vez más tugurizado.

La orden ejecutiva firmada por Trump también declara una nueva emergencia nacional, que busca justificar el arancel en base a los supuestos daños que las políticas brasileñas causan a las empresas estadounidenses y a la libertad de expresión de los ciudadanos en este país. Este enfoque refleja la creciente preocupación de la administración sobre la salud de la economía y la estabilidad nacional.

Ante la difícil situación, el gobierno brasileño estaba intentando negociar para reducir estas cargas arancelarias, expresando que habían detectado “señales” de un posible diálogo con Estados Unidos. En este sentido, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, comentó en una entrevista que los "canales están empezando a desbloquearse". Sin embargo, con la decisión reciente de Washington, el camino hacia la negociación parece más complicado.

El juicio de Bolsonaro, que enfrenta serias acusaciones de intentar un golpe de Estado, ha llevado a la administración actual a tomar medidas drásticas, como la revocación de visas de Alexandre de Moraes, el juez que preside el caso, y su familia. Además, la Casa Blanca ha impuesto sanciones contra Moraes por supuestos abusos en su función, lo que agrava aún más la relación entre los dos países y plantea interrogantes sobre el futuro del respeto a los derechos humanos en Brasil.