Los vicerrectores de estudiantes y responsables de las oficinas de empleo de las universidades españolas han enviado una carta al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la que explican que las universidades se ven obligadas a asumir la cotización de prácticas no remuneradas para que los estudiantes universitarios puedan graduarse, pese a que la ley establece que la obligación recae en la empresa.

La situación surge porque las entidades públicas, donde se realizan el 60% de las prácticas, están solicitando la firma de adendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente. Los vicerrectores temen que las empresas privadas también se sumen a esta solicitud al brindar oportunidades de prácticas a los estudiantes, pero no están dispuestas a asumir los gastos ni la carga administrativa asociada.

Esta nueva obligación supone un gran problema para las universidades, ya que deben gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado. Los vicerrectores requieren el desarrollo de una plataforma informática para poder llevar a cabo la carga de datos necesaria para el proceso de cotización de forma masiva y que permita limitar la carga burocrática.

También reclaman al Ministerio que implemente una metodología de altas y bajas simplificada y basada en los estándares de prácticas de los planes de estudio oficiales que todo el estudiantado debe superar como créditos del título oficial; y que dote de los recursos humanos necesarios para gestionar las altas, bajas y control de días de prácticas.

Los vicerrectores aseguran que no han recibido ninguna comunicación ni instrucciones claras desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en relación con el procedimiento a seguir y lamentan que, aun habiendo intentado obtener orientación a través de las delegaciones provinciales de la Tesorería de la Seguridad Social, no han podido proporcionar respuestas concretas a sus dudas.

Ante esta incertidumbre y las necesarias adecuaciones en los sistemas de gestión de las universidades, los vicerrectores solicitan que se arbitren los instrumentos jurídicos necesarios para demorar un año la entrada en vigor de dicha medida. Además, en dicho período, deberían también adoptarse las medidas oportunas para garantizar que la bonificación alcance al 100% de la cuota de forma permanente o en su caso este coste sea asumido por parte de las entidades.