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Venezolanos en el exilio denuncian crímenes de odio del régimen de Maduro, dejando 35 muertos desde julio.

Venezolanos en el exilio denuncian crímenes de odio del régimen de Maduro, dejando 35 muertos desde julio.

Exigen el reconocimiento del derecho a la justicia para las víctimas de la represión en Venezuela

MADRID, 3 de enero. En una conmovedora y urgente declaración presentada en Madrid, diversas organizaciones de Derechos Humanos, junto a opositores venezolanos que han encontrado refugio en España, han alzado sus voces contra una serie alarmante de delitos de odio perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro. Esta denuncia incluye la desgarradora cifra de 35 muertes desde el inicio de la campaña electoral venezolana en julio pasado.

Durante esta movilización, los activistas han expuesto aterradores testimonios sobre la violencia que ha marcado las protestas en Venezuela, donde se han documentado 35 muertes relacionadas con crímenes de odio, además de reportar cientos de lesiones y heridos. Según sus cuentas, más de 1.300 manifestaciones se han enfrentado a una brutal represión por parte de las fuerzas policiales, resultando en más de 2.400 detenciones arbitrarias, que incluyen a indígenas y periodistas perseguidos por ejercer su derecho a la libre expresión.

Además, se ha subrayado la existencia de ataques dirigidos por grupos armados contra los manifestantes, muertes bajo custodia policial, torturas a prisioneros políticos y las escalofriantes amenazas del propio Maduro, que advierte acerca de un "baño de sangre" y la posibilidad de una "guerra civil" si la oposición lograra una victoria en las elecciones. Estas amenazas también han sido reflejadas en las palabras del ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha anunciado acciones difíciles para los opositores al régimen.

En el marco de una rueda de prensa llevada a cabo en Madrid, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), expuso los desgarradores hallazgos del informe compilado. Contó además con la participación de Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, y Miguel Henrique, director del periódico venezolano 'El Nacional'.

Durante el evento, los exiliados estuvieron acompañados por Rafael Ortega, uno de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, a quien entregaron una solicitud mero-declarativa para que se reconozca el derecho a la justicia y la reparación que las víctimas de delitos de odio reclaman fervientemente.

El informe presentado exige que "se haga justicia" para todos los ciudadanos venezolanos que han sido víctimas de crímenes motivados por su ideología, así como por su ejercicio de las libertades de expresión y manifestación, especialmente por aquellos pertenecientes a grupos vulnerables en este complicado contexto político.

A lo largo del documento, se enfatiza que la denuncia es de vital interés jurídico y debe ser el primer paso hacia la posibilidad de investigar los hechos denunciados y evaluar la responsabilidad penal correspondiente en Venezuela.

Para sustentar esta denuncia, los exiliados han hecho referencia a la Constitución venezolana, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a la ONU y al Código Penal de Venezuela, incluyendo la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otros marcos legales.

En este sentido, el presidente del Movimiento contra la Intolerancia ha resaltado la importancia de la recopilación de delitos, argumentando que se trata de un “deber ético y social” a cumplir, afirmando que presenta “un informe de hechos” y que “no se trata de un análisis político”.

Ibarra también expresó su deseo de que se “depuren las responsabilidades” por las 35 muertes relacionadas con crímenes de odio y que Maduro enfrente las consecuencias por sus amenazas, que evocan la idea de una "masacre" si la oposición ganara las elecciones.

"Reconocemos que hacer justicia en Venezuela actualmente es una tarea imposible, pero anhelamos que el tribunal en el exilio reconozca estos sucesos y analice este informe", concluyó, lleno de esperanza por un futuro en el que, “cuando las libertades democráticas regresen a nuestra nación, las víctimas finalmente recibirán justicia”.