En un notable giro en el ámbito educativo, el Grupo Parlamentario Vox ha presentado una proposición para modificar la LOMLOE en el Congreso de los Diputados. Este movimiento busca eliminar las disposiciones que afectan a los estudiantes con necesidades especiales, poniendo en tela de juicio las políticas inclusivas en la educación.

Vox argumenta que la retirada de los apartados 50 y la disposición adicional cuarta de la ley es solo el comienzo de su iniciativa para derogar la normativa. Afirman que estas seccionan los derechos de los padres, impidiéndoles seleccionar la vía educativa que consideran más adecuada para sus hijos, especialmente en cuestiones relacionadas con la escolarización.

Desde su perspectiva, uno de los aspectos más negativos de la llamada Ley Celaá es el impacto que tuvo en la educación especial, un área que consideran crítica. Según Vox, la disposición que aborda la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales es un mero disfraz que encubre una agenda de eliminación progresiva de los centros de educación especial.

Esta propuesta también alerta sobre el futuro incierto de estos centros, indicando que la LOMLOE podría llevar al cierre de instituciones que brindan este tipo de educación en una década. Vox sostiene que la supuesta inclusión de estos estudiantes en las escuelas ordinarias restringe en última instancia la libertad de elección de los padres, comprometiendo así la diversidad educativa.

Además, Vox ha criticado al Gobierno por no escuchar las preocupaciones de la comunidad educativa durante la elaboración de la LOMLOE. La voz de diversas organizaciones, como la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, fue pasada por alto a pesar de su abogacía por un sistema educativo que valora tanto las opciones de educación especial como las ordinarias.

Tras la implementación de la LOMLOE, Vox ha continuado su lucha mediante diversas iniciativas, insistiendo en la necesidad de proteger tanto los centros educativos especializados como el derecho fundamental de los padres a decidir el rumbo educativo de sus hijos.

Por todo lo anterior, el partido se opone de manera decidida a la reforma educativa promovida por el Gobierno, argumentando que su contenido es dañino para el sistema y que su formulación carece de legitimidad en un marco democrático.